Con 87 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, cuyo informe fue trabajado desde la Comisión de Seguridad Integral.
Durante el tratamiento de esta normativa, el asambleísta Andrés Castillo, miembro de la Comisión de Seguridad Integral, destacó la importancia de responder con firmeza a una práctica utilizada por estructuras criminales para engañar a la ciudadanía, simular operativos oficiales y facilitar el cometimiento de delitos.
“Qué bueno que le presentemos al Pleno una ley de estas características”, señaló Castillo durante el debate en la Comisión, al respaldar una reforma que endurece las sanciones para quienes utilicen de manera ilegal uniformes, insignias o distintivos de las instituciones encargadas de la seguridad del país.
La nueva normativa establece penas de uno a tres años de privación de libertad por el uso no autorizado de uniformes o elementos de identificación de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y entidades reguladas por el COESCOP. Las sanciones aumentan cuando estos elementos son utilizados para simular controles u operativos de seguridad y pueden alcanzar hasta siete años de prisión en determinados casos.
Además, se sanciona la fabricación, comercialización y circulación ilícita de estos elementos institucionales, incluyendo penas más severas cuando en estas actividades participen servidores responsables de su custodia o control.
Para Castillo, detrás de estas disposiciones existe también un objetivo fundamental: proteger la legitimidad de las instituciones y devolver tranquilidad a los ciudadanos cuando se encuentren frente a miembros de la fuerza pública.
“El poder sancionar con fuerza a quienes siguen utilizando los uniformes militares para cometer delitos no solamente es un saludo a las Fuerzas Armadas y a la Policía, sino la recuperación de la confianza pública en aquellos uniformes sagrados de la Fuerza Pública”, sostuvo.
La utilización de uniformes oficiales por parte de organizaciones criminales no solo facilita la comisión de delitos: también erosiona la confianza ciudadana y genera incertidumbre frente a quienes legítimamente tienen la responsabilidad de proteger y garantizar el orden.
Desde la Comisión de Seguridad Integral, Andrés Castillo continúa impulsando y respaldando medidas orientadas a enfrentar al crimen con herramientas legales más firmes y a fortalecer a las instituciones responsables de la seguridad de los ecuatorianos.
Andrés Felipe Castillo Maldonado es actualmente asambleísta por la provincia de Pichincha, representante de la circunscripción 1, bajo la bandera del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). Vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral 2025 – 2027.
Andrés es abogado, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un máster en Estudios Políticos Aplicados por la Universidad Complutense de Madrid; y un Diplomado en Seguridad Pública por el Miami Dade College, Estados Unidos.
Además, ha desempeñado roles como asesor parlamentario, docente universitario y ahora legislador.
