Este miércoles 8 de julio, la Comisión del Derecho a la Salud decidió hacer seguimiento a las denuncias públicas sobre los carnés de discapacidad; de las farmacéuticas en el proceso de subasta pública de compra de medicamentos; de la situación de las personas con cáncer y del gremio de los odontólogos frente a la pandemia.
Tras la moción presentada por la asambleísta Rosa Verdezoto, de forma mayoritaria, aprobó pedir la comparecencia del ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos; y, de María Alejandra Muñoz, directora general del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), para que expliquen los parámetros de la entrega de carnés para personas con discapacidad; listado de todas las autoridades a las cuales se les ha otorgado el carné; y, parámetros para importar vehículos de alta gama, por parte de personas que poseen carnet con discapacidad.
La legisladora argumentó que la ciudadanía está indignada porque personas que no tienen ningún grado de discapacidad se están lucrando del mismo y las que tienen discapacidad les cuesta adquirirlo, por lo que es necesario tener información de primera mano y dar respuesta inmediata.
Farmacéuticas
Así mismo, luego de escuchar a los representantes de la Cámara de Industriales y Productores de Medicamentos del Ecuador (Cipme) y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE), decidió invitar a Silvana Vallejo, directora general del Servicio de Contratación Pública (Sercop); y, de Luis Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), a fin de que respondan sobre el proceso de subasta en la compra de medicamentos.
Los farmacéuticos denunciaron poca participación local y demandaron prerrequisitos e impulso a la producción nacional a través de una primera subasta, solo para productores nacionales de fármacos.
El titular de ALFE, Mario Ayala, sostuvo que los productos importados tienen una participación del 83 %, es decir que de cada 100 dólares que se compra en medicamentos, 83 dólares corresponden a productos importados, que en su mayoría son fabricados por la industria nacional con altísima calidad, como es el caso de la aspirina. Junto a Iván Prieto, técnico especializado, afirmó que la subasta del 2016 fue nefasta y ahora se quiere repetir. Se invitó a todos los laboratorios del mundo sin tener empresas constituidas en el país, sin requisitos, ni garantías, ni registro sanitario.
De su lado, Daniel Apolo, de Cipme, mencionó que es evidente que hay un problema en la compra pública. La industria farmacéutica necesita apoyo, sobre todo, cuando es indispensable mantener recursos dentro del país. Dio a conocer los beneficios económicos que representa la producción de medicamentos, por sobre la importación de los mismos.
Los legisladores consultaron sobre capacidad de abastecimiento de productos y la calidad de los mismos para competir con las normas internacionales; porcentaje de materia prima que existe para la producción. Mario Ayala respondió que todos los países del mundo importan materia prima desde India y China, principalmente, para luego elaborar los productos.
A criterio del parlamentario Carlos Vera el problema no está en la compra centralizada, sino, en evitar la corrupción. Mientras que Ángel Sinmaleza afirmó que es muy importante conocer la problemática de la participación local dentro de los procesos de producción y adquisición de medicamentos, sobre todo, durante una emergencia sanitaria como la que atraviesa Ecuador.
Normar la salud odontológica
De igual forma, la Comisión conoció la situación en la que se encuentra el sector odontológico del país. Ismael Espinoza, presidente de la Federación Odontológica Ecuatoriana (FOA), pidió la urgente aprobación del Código de Salud para que sea normada la salud odontológica. Aseguró que no tienen un ente rector, a nivel nacional, que les permita hacer una correcta planificación de salud oral y bucal. La emergencia sanitaria evidenció graves problemas para el gremio, pues trabajan en primera línea sin contar con insumos e implementos, aseguró.
Mientras que, Jimmy Tintín, gerente de la Red de Clínicas Odontocenter, graficó y describió detalladamente la forma en la que las clínicas desarrollan los procesos de bioseguridad para atender a pacientes odontológicos. Pidió flexibilidad laboral que les permita contratar personal por horas; exoneración del IVA y de los impuestos para adquirir insumos odontólogicos de bioseguridad, materiales y equipos. Aseguró que tienen que hacer ingentes inversiones para usar las herramientas.
Acuerdo contra el cáncer
Sobre la posición de las organizaciones de pacientes contra el Cáncer y las necesidades de atención durante la pandemia por el Covid-19, Diego Jimbo denunció graves problemas para el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno; así como en los presupuestos para pagar a los prestadores externos de salud.
Hizo varios planteamientos, entre ellos, acceso oportuno de medicamentos; utilización de la receta electrónica; sostenibilidad económica del sistema de seguridad. Además, que las personas que tienen enfermedades catastróficas sean parte del 4 % para trabajar de manera preferencial; se considere como sustituto, en la parte laboral, a los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. “Somos centenas de miles de personas que estamos defendiendo la vida de las personas con cáncer y enfermedades catastróficas y queremos respuestas”, afirmó.
Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador, 2020.
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