La migración y el desplazamiento forzado de ecuatorianos han alcanzado niveles alarmantes. En el plan de trabajo de la Comisión Legislativa se ha incluido, la fiscalización de estos procesos, dada la urgencia y la gravedad de la situación.
Según ONU Migración, Ecuador es la segunda nacionalidad más frecuente en la ruta del Darién, con 57.250 ecuatorianos cruzando en 2023, el doble que en 2022. Además, solo 605 de los 40.000 migrantes que salieron hacia Nicaragua llegaron a su destino, y apenas 10.000 de 100.000 lo hicieron desde El Salvador. A esto se suman más de 400.000 ecuatorianos que salieron del país entre 2021 y 2024 sin regresar, y 124.023 encuentros con ecuatorianos registrados por la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en 2024.
Estas cifras reflejan una crisis humanitaria creciente, motivada principalmente por la inseguridad, el desempleo y la pobreza. Ecuador alcanzó los 2.361 homicidios solo en el primer trimestre de 2025, y la pobreza por ingresos afecta al 28% de la población, es decir, más de 5 millones de personas.
A este escenario se suma el desplazamiento interno: Ecuador registra 101.000 personas desplazadas por violencia, ubicándose en el tercer lugar en América Latina, solo detrás de Haití y Colombia.
Estos datos evidencian una realidad crítica que exige una respuesta decidida del Estado. La fiscalización legislativa busca visibilizar esta crisis, exigir políticas públicas eficaces, y coordinar esfuerzos regionales e internacionales para combatir la trata de personas y proteger los derechos humanos de migrantes y desplazados.
No se trata solo de números. Son vidas humanas. La acción política debe estar a la altura del sufrimiento de quienes han tenido que abandonar su hogar para sobrevivir.
Asambleísta por la provincia de Santa Elena
