De acuerdo al artículo 231 de la Constitución de la República del Ecuador, los servidores públicos, y más aún las autoridades de elección popular, están en la obligación de presentar al inicio, final, y periódicamente, una declaración patrimonial a la Contraloría General del Estado. Esta incluye nuestros activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de nuestras cuentas bancarias.
Para conocer el detalle de la declaración juramentada hacer click aquí.
Blanca Lucrecia Sacancela Quishpe, nació en Quito el 25 de agosto de 1986. Oriunda de la comuna de Lumbisí.
Ingeniera en Comercio y Administración de empresas.
Asambleísta por Pichincha. Mujer de campo-amo la naturaleza, madre y esposa.
Concibo a la política como el arte de servir a los demás. Integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control
