El asambleísta César Carrión solicitará que en el pleno de hoy se trate un proyecto de resolución exhortando a la Corte Constitucional que resuelva sobre la inconstitucionalidad de normas del COIP y de la Ley de la Contraloría que promueven y ocultan la corrupción.
En el año 2010 se estableció el llamado “presupuesto de procedibilidad” que determina que para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, es necesario un informe sobre indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. Por otro lado, el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría establece que las facultades de esta entidad para pronunciarse sobre actos de funcionarios públicos y determinar responsabilidades, caduca en siete años. Esto significa que si en ese lapso no se realiza un informe de indicios de responsabilidad penal, no se lo podría ya hacer posteriormente aun existiendo esos indicios y, por tanto, aquellas situaciones de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito quedarían prescritas de hecho. De esta manera, la norma del artículo 233 de la Constitución que establece la imprescriptibilidad de esos delitos, queda de hecho insubsistente, produciéndose así una violación a la norma suprema.
De esta inconstitucionalidad fueron informados en 2012 y 2013, Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional y Mauro Andino de la Comisión de Justicia, sin embargo la norma del “presupuesto de procedibilidad” fue incorporada en el Código Orgánico Integral Penal en el art. 581. Posteriormente, se solicitó a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de esa norma del COIP, pues ella viola la Constitución y crea un mecanismo para ocultar la corrupción y dificultar su investigación y sanción. Sin embargo, han pasado más de cuatro años y este organismo de justicia no ha tramitados esos pedidos.
Toda vez que el “presupuesto de procedibilidad” constituye un muro que impide perseguir los casos de corrupción, el Asambleísta Carrión ha solicitado que la Asamblea Nacional exhorte a la Corte Constitucional para que declare la inconstitucionalidad del artículo 581 del COIP y 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Este legislador considera que es inaudito que desde la misma Asamblea, en el período anterior, se haya urdido un mecanismo para encubrir la corrupción.
Para mayor información contactarse con: Francisco Calisto, Responsable de Comunicación. Despacho del Asambleísta Cesar Carrión. Cel. 0981808372 Email fcocalisto1658@gmail.com.
Asambleísta por la provincia de Cotopaxi | Integrante de la Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral | Alianza CREO-SUMA
