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La Comisión de Biodiversidad, en el marco del estudio de las propuestas de reforma a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Especial Amazónica, recibió la comparecencia de varios sectores de la provincia de Sucumbíos, con la finalidad de escuchar sus aspiraciones y necesidades.
El asambleísta Comps Córdova expresó la preocupación que tiene la Amazonía por la falta de voluntad del Gobierno en el cumplimiento de esta ley, considerando que la región es un sostén económico para el país.
“Los recursos económicos deben ser proporcionales a las necesidades de cada jurisdicción”, dijo y aclaró que los recursos provenientes del petróleo tienen que ser empleados en las provincias amazónicas para que estas puedan tener por lo menos todos los servicios básicos.
Entre las recomendaciones del legislador figuran: mejorar la representación en el Consejo de Planificación y Desarrollo Amazónico, para que haya un equilibro con los delegados del Gobierno; garantizar la contratación de mano de obra local; el Fondo Común y los beneficiarios; que se garanticen lo recursos para la creación de las universidades amazónicas; y, que se considere a esta ley como de régimen especial.
Marco Haro, especialista en temas viales de Sucumbíos, se refirió a la conformación de un fondo de compensación vial para la Amazonía, ya que “después de tantos años de explotación petrolera no tenemos una vía de primer orden”. Aseguró que se podría grabar una taza, a modo de peaje, para todos los productos derivados de la explotación petrolera que se transportan en cada provincia amazónica.
Romaneli Carrillo, de la Federación Kichwa de Sucumbíos, explicó las dificultades de los amazónicos para acceder a créditos directos y poder financiar proyectos agrícolas o pequeños emprendimientos. “Nosotros tenemos los proyectos, pero debemos buscar un GAD que quiera ejecutarlos, porque no podemos acceder a financiamiento directo”, argumentó al solicitar que se busque una forma para que la ley les garantice el acceso a estos créditos de manera directa.
Por su parte, Miguel Ángel Rueda, especialista en temas ambientales y petroleros, mostró su descontento con la actitud de las empresas privadas y públicas, quienes consideran hacen caso omiso a la ley en varios aspectos, como la contratación de mano de obra local e insistió en la necesidad de que se garanticen estos derechos.
Por ultimo, Pablo Fajardo, defensor de los derechos humanos y de la naturaleza, señaló que la ley no contempla varios hechos importantes, como los daños ambientales ocasionados por la actividad petrolera y daños colaterales por la explotación a los pobladores. “Lo lógico sería incluir elementos que ayuden a prevenir impactos, restaurar y reparar lo que estos generan a las personas afectadas, la empresa que opera que asuma la responsabilidad de los daños que la actividad genera”, concluyó.
