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Ante la Comisión de Biodiversidad comparecieron varias autoridades y representantes de organizaciones sociales y comunidades, con el fin de analizar los problemas suscitados los días 23 y 24 de febrero pasado, en la parroquia Gualel, provincia Loja, ante la intención de propiciar actividades mineras en el sector de Fierro Urco.
José Dávalos, ministro del Ambiente subrogante, al afirmar que las concesiones a las empresas para actividades mineras en ese sector están reguladas bajo normativa jurídica, dictada en el año 2015, expresó de existir alguna falta por parte de funcionarios de su ministerio se aplicarán las medidas correctivas y las respectivas sanciones. Aclaró que entre las competencias de esta cartera de Estado no consta la aprobación de concesiones, a la vez que se mostró abierto al diálogo con los representantes de las comunidades presentes.
Alberto Quishpe, representante de la parroquia San Lucas; Manuel Guamán, presidente de la organización SAKIAT del pueblo Saraguro; y, José Sarango, presidente de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichwa Saraguro (Corpukis), coincidieron en señalar que se han vulnerados los derechos humanos y de la naturaleza de la parroquia de Gualel.
Denunciaron que nunca se consultó a la comunidad sobre la intervención minera drástica en dicha localidad, ni en relación al trabajo agrícola y a la protección de la Pachamama, por lo que demandaron de las autoridades de gobierno tomar una decisión al respecto.
Sobre el mismo tema, Jamil Tene, representante del Colectivo de Defensores del Agua y la Vida de la parroquia afectada, manifestó que las compañías cometen abusos al ingresar maquinaria para una intervención drástica del páramo, zonas hídricas y reservas. Las comunidades de este territorio somos víctimas de actos de violencia, daños a la propiedad privada y actos de contaminación. “Eso no es respeto, eso no es legalidad”, añadió.
De su lado, el asambleísta Manuel Medina, representante de la provincia de Loja, recordó que ante la Asamblea ha solicitado que se declare como zona de protección hídrica a Fierro Urco. Demandó del gobierno que conforme una mesa técnica que viabilice la realización de la consulta previa, libre e informada, a la vez que rechazó los actos de violencia y persecución que se han cometido ante protestas pacíficas que exigen respeto a sus derechos.
Los legisladores Isabel Enrríquez y Salvador Quishpe coincidieron en pedir a la comisión que insista en la convocatoria a todas las autoridades que tienen relación con esta problemática.
