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Por unanimidad, los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político aprobaron el Plan de trabajo 2021, que contiene 54 temas de investigación. El plan recoge las propuestas de los 9 asambleístas, que van desde transparentar el estado de las empresas incautadas hasta la crisis sanitaria.
Fernando Villavicencio, presidente de la mesa legislativa, propuso la investigación de los casos Petrochina, Gunvor, Petrotailandia, Refinería de Esmeraldas y Pacífico, Manduriacu, Pascuales Cuenca, Pdvsa-Ancap Toachi Pilatón, Ina Papers, Minería, Coca Codo, entre otros.
La vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero, planteó fiscalizar los montos en infraestructura, sueldos, investigación y otros gastos de los centros educativos IAEN, Yachay, Ikiam, U de las Artes y UNAE. Además, de la revisión de becas asignadas por esas instituciones.
La legisladora Soledad Diab propuso investigar las alzas injustificadas a los ciudadanos en las planillas eléctricas, los cobros indebidos a clientes de la banca nacional, la vulneración de derechos por parte de compañías celulares y el mal uso del sistema de provisión de agua cruda en Manabí.
Fiscalizar los procesos de adquisición y distribución de medicamentos del IESS, el desvanecimiento de glosas e informes de la Contraloría General del Estado, la concesión de frecuencias de transporte y los bienes incautados por la Senae fueron los temas que planteó el legislador Pedro Velasco.
Por su parte, el asambleísta Marco Troya propuso la investigación de débitos indebidos, por recargos financieros, realizados por GEA Internacional; del estado de las centrales térmicas, la fiscalización a inversiones del IESS y los costos que asumen los usuarios por emergencias en UCI por contagios Covid 19.
El Bloque Unes -integrado por los legisladores María Molina, Consp Córdova y Roberto Cuero-, propuso "evacuar" los casos de René Ortiz, Pablo Celi y Richard Martínez. Plantearon también la fiscalización a Cnel por cobros excesivos, al Plan Vacunas, Ina Papers, remediación ambiental, entre otros temas.
El plan de trabajo incluye la creación de una Contraloría Social, que promoverá la participación ciudadana en las provincias con inciativas de investigación sobre posibles casos de corrupción.
La Comisión de Fiscalización resolvió enviar al Pleno Legislativo la suspensión de plazos para el juicio del exministro de Energía y Recursos no Renovables, René Ortiz, y el nombramiento de nuevos interpelantes para los juicios pendientes.
