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En la Comisión de Gobiernos Autónomos, la especialista en Derecho Inmobiliario, Verónica Morales, expuso su preocupación frente a la propuesta de eliminar el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, en el marco de la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Señaló que estas instancias son fundamentales para evitar vacíos normativos y garantizar un régimen sancionatorio efectivo.
Morales advirtió que la derogatoria de estos organismos y la eliminación de mecanismos de sanción debilitarían el marco jurídico, especialmente en temas urbanísticos relacionados con la protección ambiental y la planificación de servicios básicos. En su criterio, centralizar la gestión del suelo en los GAD, sin considerar la planificación nacional, representaría un cambio estructural de alto riesgo para la institucionalidad.
La especialista concluyó que sin un control adecuado sobre el ordenamiento territorial se generarían serios problemas jurídicos, ambientales y de rendición de cuentas. Estas advertencias fueron respaldadas por el legislador Cristian Benavides, quien destacó el valor de los aportes técnicos en la construcción de leyes responsables.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión, Lucía Pozo, recordó que este organismo legislativo trabaja en proyectos represados, recogiendo observaciones de expertos y legisladores. Patricia Núñez reflexionó sobre la importancia de los planes de vida en la planificación territorial.
