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La Comisión de Gobiernos Autónomos continúa con el análisis del proyecto de Ley Reformatoria al COOTAD unificado. En esta jornada, la abogada Daniela Oña, máster en Derecho Penal, expuso la necesidad de fortalecer el sistema de protección integral desde una visión articulada con los gobiernos locales.
Oña subrayó que actualmente las normas relacionadas con la protección de grupos vulnerables se encuentran dispersas, lo que genera vacíos y duplicidades. Propuso recoger estos cuerpos normativos, explorar la creación de Consejos Provinciales de Protección e incluir en las competencias de los GAD aquellas responsabilidades que ya constan en otras leyes.
La jurista enfatizó que la protección debe superar la visión meramente “seguritista” y enfocarse en la atención integral de niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia, personas adultas mayores, personas con discapacidad y víctimas de trata y tráfico de migrantes. Para ello, es clave garantizar recursos presupuestarios suficientes que permitan operativizar los sistemas de protección.
La presidenta de la Comisión, Lucía Pozo, coincidió en la importancia de abordar todas las competencias de los GAD y solicitó que los aportes técnicos se remitan por escrito, con el fin de enriquecer el debate legislativo y avanzar hacia un marco normativo integral y claro.
