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En el marco del análisis previo al segundo debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la Comisión de Gobiernos Autónomos conoció los criterios técnicos de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. El delegado Roberto Vaca Galarza expuso con claridad los vacíos estructurales que enfrenta el país en materia de información catastral y planificación.
Señaló que la dispersión y desactualización de los catastros constituye una deuda histórica que afecta tanto a la gestión pública como a la ciudadanía. La inexistencia de un sistema nacional integrado impide consolidar datos confiables y dificulta la toma de decisiones estratégicas. Además, limita la transparencia y el acceso a información territorial unificada, indispensable para el desarrollo ordenado de los cantones y provincias.
El impacto económico también es significativo. Las estimaciones presentadas evidencian pérdidas millonarias en la recaudación tributaria debido a avalúos desactualizados y registros incompletos. Esta situación no solo afecta la planificación, sino también la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar obras y servicios en beneficio de la población.
Entre las propuestas planteadas se incluye la actualización del catastro nacional georreferenciado, la consolidación de un sistema nacional administrado con criterios técnicos unificados y el fortalecimiento del régimen sancionador. Durante el debate legislativo se abordaron además problemáticas como el tráfico de tierras, la desproporción de avalúos y las implicaciones de expropiaciones sustentadas en catastros presuntivos, reafirmando la necesidad de una reforma que garantice orden, transparencia y planificación efectiva.
