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La Comisión de Gobiernos Autónomos avocó conocimiento del proyecto denominado Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para la Logística de Carga y el Tránsito en Frontera, remitido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esta iniciativa, de autoría del legislador Diego Salas Barriga, plantea el establecimiento de procedimientos, plazos, estándares de servicio e interoperabilidad para la gestión del transporte terrestre de carga en los pasos fronterizos y corredores logísticos del territorio nacional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto fue unificado al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para la Recategorización de las Contravenciones de Tránsito. La propuesta establece que la circulación de los vehículos de carga se sujetará a la Tabla Nacional de Pesos y Dimensiones, así como a la normativa ministerial vigente. En cuanto a la fiscalización, la iniciativa prioriza la gestión de riesgos y el uso de tecnologías de control disponibles, otorgando tratamiento preferente a las unidades certificadas o con autorización especial vigente, sin perjuicio de la aplicación de controles aleatorios.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto radica en su propósito de armonizar la normativa nacional con la Decisión 837 de la Comunidad Andina y la Resolución 2101 sobre transporte internacional de mercancías por carretera, incorporando de manera expresa estas disposiciones en el cuerpo legal ecuatoriano. Esta alineación normativa internacional representa un paso concreto hacia la simplificación de los procesos logísticos en fronteras y la mejora de las condiciones de circulación para los vehículos de carga.
La unificación de este proyecto con la reforma al Código Orgánico Integral Penal permite abordar de manera integral los desafíos del transporte de carga en el Ecuador, combinando la dimensión logística con la regulación de contravenciones de tránsito. La proyección andina de esta reforma sitúa al país en una trayectoria de integración normativa regional que favorecerá la eficiencia del comercio exterior, el fortalecimiento de los corredores logísticos y la seguridad vial en las zonas fronterizas, con implicaciones directas para los gobiernos locales que administran estos territorios.
