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La Comisión de Gobiernos Autónomos trató el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), con énfasis en temas de telecomunicaciones, conectividad y tasas recaudatorias en los gobiernos locales. Para ello, se contó con la participación de Francisco Balarezo Pozo, presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios de Internet, Valor Agregado, Portadores y Tecnologías de la Información (AEPROVI), quien presentó un diagnóstico del sector a nivel nacional.
El representante de AEPROVI informó que el 71 % de los hogares del país cuenta actualmente con servicio de internet fijo, y que el sector experimentó un crecimiento significativo tras la pandemia, pasando de 683 proveedores en 2020 a 1.401 en 2025. En este contexto, identificó cuatro problemáticas nacionales: la inseguridad jurídica derivada de la heterogeneidad de ordenanzas en los GAD; el cobro de tasas indebidas por servicios de telecomunicaciones; la falta de especialización en el sector; y los problemas de control por parte de ARCOTEL. Ante estas dificultades, presentó propuestas concretas orientadas a facilitar el uso del espacio público para el despliegue de infraestructura, establecer tasas en función de costos administrativos reales, limitar las tasas de carácter recaudatorio y garantizar la debida motivación de los actos administrativos en procesos de ejecución coactiva.
La sesión permitió identificar con claridad los obstáculos normativos que los GAD imponen al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, así como las inconsistencias entre las ordenanzas locales y la política nacional del sector. El expositor fundamentó sus propuestas en el artículo 16, numeral 2 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. La presidenta de la comisión, Lucía Pozo, destacó que la reforma normativa se construye con el aporte de expertos, la sociedad civil, las empresas y las instituciones del Estado