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La Reforma al COOTAD y la Urgencia de la Regularización de Asentamientos

Miércoles, 04 de febrero del 2026 - 08:00 Imprimir

La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió al asambleísta Eckenner Recalde Álava, autor del proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), orientado a fortalecer el régimen de expropiación especial de asentamientos humanos de hecho y consolidados. La sesión se enmarcó en el proceso de construcción participativa de la reforma normativa, incorporando la perspectiva directa del legislador proponente y de asesores jurídicos vinculados a los barrios afectados. El representante por Pichincha explicó que la propuesta surge de mesas de trabajo con la ciudadanía y busca reformar el artículo 596 del COOTAD para dar solución a una problemática que afecta a más de 50 mil familias a nivel nacional.

 

Durante la exposición, el asambleísta Recalde destacó que se trata de predios en los cuales los ciudadanos han construido sus viviendas desde hace más de 30 años, han pagado por los terrenos y han contribuido a la dotación de servicios básicos, pero carecen de seguridad jurídica al no contar con escrituras individuales definitivas. Esta situación, precisó, no es exclusiva de Quito, sino que se reproduce en múltiples ciudades del país. Por su parte, Xavier Aguinaga, asesor jurídico de los barrios no regularizados, recordó que el COOTAD incorporó dos mecanismos para la legalización de asentamientos de hecho, siendo uno de ellos el contemplado en el artículo 596. Sin embargo, señaló que el problema radica en que cada municipio interpreta de manera distinta dicha disposición, generando disparidades en la aplicación del proceso de regularización.

 

Un aspecto central identificado en el debate fue la determinación del justo precio, que constituye uno de los nudos críticos de la norma vigente. La necesidad de incorporar una reforma que unifique los procedimientos para todos los GAD municipales se planteó como condición indispensable para garantizar que los ciudadanos afectados por procesos ilegales de lotizaciones y fraccionamientos puedan acceder a los títulos de propiedad correspondientes. La exposición de los invitados aportó argumentos concretos para avanzar en la construcción de un marco normativo más preciso, justo y uniforme a escala nacional.

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