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La Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó, con siete votos, el informe no vinculante sobre el Informe Anual de Labores 2025 presentado por la Función de Transparencia y Control Social (FTCS). El documento evaluado da cuenta de una gestión institucional articulada, planificada y ejecutada con apego al marco constitucional y legal vigente, destacando el rol de la FTCS como eje rector de la transparencia, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción en el país a lo largo del año.
Entre los resultados más destacados del período analizado figuran la implementación progresiva del Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2024–2028, la suscripción de convenios y cartas de adhesión interinstitucional, y la conformación de mesas de integridad con participación del sector público, privado, académico y social. Un hito relevante fue el diseño e implementación del Sistema de Acompañamiento y Monitoreo, herramienta tecnológica orientada al seguimiento, evaluación y trazabilidad de las acciones del Plan Nacional, que promueve decisiones basadas en evidencia. La Comisión valoró también el impulso a la participación ciudadana mediante talleres, espacios de diálogo y procesos de capacitación en ética, integridad y prevención de la corrupción en distintas regiones del país, así como una ejecución presupuestaria eficiente por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación. Durante el debate, se subrayó que, ante indicadores internacionales como el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y la calificación de libertades de Freedom House, la rendición de cuentas del denominado quinto poder del Estado debe sostenerse en estándares altos de verificación y control.
La Comisión enfatizó que la fiscalización legislativa no se limita a la revisión formal de informes, sino que exige evidencia verificable sobre el cumplimiento de metas, mecanismos de exigibilidad y resultados concretos en la prevención y combate a la corrupción. Asimismo, reafirmó que el fortalecimiento de la transparencia, la integridad pública y la rendición de cuentas efectiva son condiciones indispensables para la recuperación de la confianza ciudadana y la consolidación del Estado constitucional de derechos y justicia.