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Al llamado de la Comisión de Justicia acudió el procurador General del Estado, Diego García, para informar las acciones legales que ha iniciado respecto a los casos de corrupción propiciados por la empresa brasileña Odebrecht, así como los detectados en Petroecuador y otros.
El funcionario explicó que hasta agosto de 2008 era atribución de la Procuraduría emitir informes previos a la suscripción de los contratos con cuantía superior al monto para concurso público de ofertas de las entidades del sector público. Después de esa fecha ejerce el control legal posterior a la suscripción de los actos y contratos que celebran las entidades y organismos del sector público, según mandato de la Constitución y la Ley Orgánica de la institución.
Enfatizó que “los procesos de Odebrecht fueron auditados, tuvieron informes limpios, estuvieron bajo ese manto de legalidad”. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General, “estamos hablando de contratos que tenían una apariencia de legalidad, de manera que el control a un hecho o el control bajo las auditorías y exámenes especiales que repetidamente hizo la Contraloría llevaron a informes limpios, no necesitaban ser repetidos”, agregó.
Hoy, continuó, más allá de analizar problemas en los controles de legalidad de contratos, auditados oportunamente por la Contraloría, la atención se debe enfocar en los procesos penales ya iniciados, las acusaciones particulares y, fundamentalmente, en definir la parte jurídica que permita vincular a la empresa Odebrecht como tal y efectivizar acciones de reparación económica a favor del Estado ecuatoriano. Calificó de descabellada la petición del abogado defensor de Pólit de que se le vincule en el proceso legal que se sigue en el caso Odebrecht.
Preocupaciones
La asambleísta Marcela Aguiñaga, presidenta de la comisión, expresó que lamentablemente no se hizo a tiempo el control de la legalidad de contratos como la construcción de la Ruta Viva fases 1 y 2, en trabajos de reparación del área de implementación del proyecto Refinería del Pacífico, estación del poliducto Pascuales Cuenca, Manduriacu, entre otros y que luego del escándalo recién hubo inquietud al respecto.
Comentó que la Procuraduría tiene plena facultad para pedir que se vincule a un tercero y debería ya proceder con Odebrecht. Subrayó que es muy poco el monto de 40 millones como reparación integral, como propuso Diego García en la acusación particular. También objetó la presencia de César Montufar en calidad de acusador, por aceptación indebida e ilegal del juez, lo que le compete a la Procuraduría y no a un tercero que no representa a los 16 millones de ecuatorianos.
La actuación de la Procuraduría es clave en lo que se refiere a la presentación de acusaciones particulares para la reparación integral, es decir, recuperar dineros por alrededor de 80 millones (50 por Odebhecht y 30 millones por caso Petroecuador), a criterio del parlamentario Luis Fernando Torres.
La asambleísta Kharla Chávez instó a transparentar la denuncia del abogado defensor de Carlos Pólit, en el sentido que hubo un proceso de desvanecimiento de glosas que se originaron tras un convenio transaccional autorizado por el actual Procurador Diego García, quien habría intervenido en todas las fases, conocía los procedimientos previos y dio su anuencia por el acta de liquidación. Esto legitimó el retorno de Odebrecht.
