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Con base en 50 proyectos que apuntan a revisar cerca de 400 artículos del Código Orgánico Integral Penal (Coip), la Comisión de Justicia inició el debate de las propuestas de reforma. A decir de los vocales Lira Villalva, Henry Cucalón y Franklin Samaniego, es fundamental priorizar temas como delitos contra la vida, violencia intrafamiliar y la dosimetría penal.
La mesa de Justicia alista una agenda de comparecencias que permitan profundizar el debate y socialización de las reformas penales. Así, invitará al Fiscal General, al Defensor Público, al Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, los colegios de abogados, profesionales en libre ejercicio, organizaciones ciudadanas y aquellos que participan en la operatividad de la normativa.
Para Lira Villalva es importante analizar, de forma exhaustiva, lo que se refiere a la dosimetría penal, más aún cuando los tipos de delitos no guardan proporcionalidad en cuanto a las penas. El trabajo tiene que ser sumamente técnico y objetivo, por lo que se debe desechar el populismo penal para legislar.
“Los cambios deben enfocarse en resolver los problemas que actualmente se presentan en los operadores de justicia y en la ciudadanía”, dijo.
Según Henry Cucalón, todos los asuntos planteados tienen su valor y sentido de oportunidad, pero hay que privilegiar los relativos contra la vida: asesinatos, robos, secuestros, violación, que generan incertidumbre, temor y miedo permanente en la población.
Ponderó la trascendencia del proyecto expuesto por el Municipio de Guayaquil, en beneficio de la colectividad, que ha tenido un apoyo suprapartidista de todas las bancadas, mismas que hablan de cosas puntuales para evitar cualquier tipo de discrecionalidad, procedimientos abreviados, que los delincuentes entren y salgan de la cárcel como si estuvieran en su casa, cierto tipo de aumentos en penas que están muy bajas para delitos contra menores y mujeres.
“Es indispensable que el código se convierta en un aliado de las víctimas, no de los victimarios, que sea una herramienta para sancionar a los delincuentes, no para promover normas de carácter prodelincuencial”, enfatizó.
Franklin Samaniego, vicepresidente del organismo, consideró que es la gran oportunidad para abrir un amplio debate, tomando en cuenta que las múltiples propuestas se encaminan a una revisión de casi todo el articulado del cuerpo legal. “Los delitos contra la administración pública, corrupción y de violencia contra la niñez han sido solventados con la consulta popular”, aclaró.
Compartió el criterio de no caer en el populismo penal que lleva a creer que endureciendo las penas se resuelven muchos problemas en relación a sanciones y cometimiento de infracciones. Recordó que la Corte Constitucional dispuso implementar un procedimiento expedido para las infracciones que se cometen en contra de niños y personas en estado de vulnerabilidad.
