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Fiscalía, Contraloría, Secretaría Anticorrupción, Naciones Unidas y la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StaR) acudieron al llamado de la Comisión de Justicia, para analizar la definición de reformas penales que permitan enfrentar la corrupción y la impunidad y, lo que es más, recuperar el dinero robado.
La mayor coincidencia fue que el combate a este grave fenómeno debe ser integral y con la activa participación de todas las instituciones estatales y la sociedad, dado que pone en riesgo la estabilidad democrática de los pueblos y limita su desarrollo. Ese encuentro se dio en el marco de la Estrategia por un Ecuador de Transparencia.
Ximena Peña, titular de la mesa, expresó que la Asamblea trabaja en reformas a cuerpos normativos, para, precisamente, consolidar la lucha anticorrupción y que, en esa línea, están los cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los insumos y aportes de la Fiscalía, de la Judicatura y Contraloría son importantes en la elaboración del informe para segundo debate del proyecto, enfatizó.
Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Función Legislativa, destacó la firma del convenio entre la Asamblea y la Comisión Anticorrupción, que convoca a aunar esfuerzos para acabar con la corrupción y los corruptos. La acción de la Comisión de Justicia es clave para sacar leyes y marcos jurídicos orientados a terminar con este cáncer miserable que tanto daño ha hecho a nuestro país, enfatizó.
Propuestas
Para Iván Granda, secretario Anticorrupción, es indispensable desarrollar un sistema alrededor de la temática, en el que intervengan: sector privado, sociedad civil, ministerios, superintendencias, Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe), la Asamblea, entre otras. Planteó establecer una política pública de coordinación en tema de prevención y crear jueces nacionales anticorrupción.
A criterio de Pablo Celi, contralor General del Estado, las instituciones deben actuar de forma integral y concurrente, abarcando cinco ejes: control preventivo, procesos de investigación, tipificación de infracciones, procesamiento judicial y la acción unitaria estatal frente al sistema judicial y resarcimiento de las lesiones irrogadas. Habló de revisar, con rigurosidad, las condiciones y motivación de los decretos de emergencia y el uso de gastos especiales, conformando comités para este tipo de casos.
Wilson Toainga, fiscal subrogante, observó que para iniciar un proceso penal en delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito se necesita contar con el informe de la Contraloría respecto de indicios de responsabilidad penal, lo que va en contravía y es un obstáculo al principio establecido en el artículo 195 de la Constitución, más allá que se requiere su criterio técnico en cuanto a los elementos objetivos. Así mismo, sugirió analizar los términos y plazos en torno a la imprescriptibilidad de la acción y la pena en delitos de peculado, en armonía con la norma constitucional (artículo 233).
Mientras Arnaud Peral, coordinador Residente de Naciones Unidas en Ecuador, llamó a despolitizar la agenda anticorrupción, centrándose en aspectos técnicos, que estén a la altura de las expectativas de la ciudadanía. Se hace indispensable un cambio de cultura, rompiendo la falta de transparencia, en particular en las compras públicas y darle prioridad a la materia de financiamiento de campañas electorales, subrayó.
Por último, Andrea Agudelo, representante de Iniciativa para la Recuperación de los Activos Robados (StaR), manifestó que no hay un modelo de lucha contra la corrupción, sino que cada país construye el suyo, acorde con su realidad. Mencionó que la entidad acompaña a los países para contribuir en el trabajo orientado a que los fondos provenientes de hechos de corrupción no encuentren refugio seguro en el exterior, así como en la asistencia para crear marcos legales efectivos en la persecución patrimonial.
MG/eg
