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La Comisión de Justicia continuó el análisis de los casos de violencia y femicidios, conforme la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), del pasado 4 de abril de 2019.
Este miércoles, en horas de la tarde, recibió a Edwin Miño, director del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), quien propuso que todos los niveles de gobierno (central, municipios, prefecturas, juntas parroquiales) articulen esfuerzos para enfrentar la violencia, especialmente contra grupos vulnerables.
El sistema jurídicamente funciona, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y otras están en plena aplicación, así también las instituciones están desarrolladas. Para que el proceso tenga éxito es fundamental que todos los actores trabajen conjuntamente, bajo una visión estrictamente territorial, agregó.
Precisó que los gobiernos locales tienen, por ejemplo, la potestad, de acuerdo al artículo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), de invertir hasta el 10 % de los ingresos no tributarios en proyectos para los grupos vulnerables. Si todos suman voluntades, recursos y definen una estrategia territorial para la misma causa, la situación será altamente provechosa para el interés nacional.
Esto se denomina territorializar la política pública, dijo, al enfatizar que se puede implementar una mesa provincial, liderada por el gobernador, a la que se incorporen organizaciones no gubernamentales, la academia, sector privado y la sociedad civil, recogiendo y trasladando la acción que actualmente se cumple sobre el tema riesgos.
Protocolos
En tanto, Milton Luna, ministro de Educación, sostuvo que la entidad ha establecido el manual de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo y el manual que fija las directrices con las que los miembros de la comunidad educativa deben actuar ante este tipo de actos.
También está la aplicación de directrices para la prevención y abordaje, que garantizan atención oportuna, protección, investigación, restitución de derechos vulnerados, evitando la revictimización de menores, cuyos lineamientos se han socializado a más de un millón de alumnos, 96.863 docentes, 11.717 autoridades, 786.000 mil padres y representantes legales, en el período 2018 - 2019, lo que ha permitido fortalecer la cultura de la denuncia, restituir la voz de los chicos y crear niveles de confianza en el sistema.
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