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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado escuchó a Gabriel Galán, miembro del Directorio del Instituto de Derecho Tributario, en torno a tres proyectos de reformas al Código Orgánico Administrativo. Allí expuso sus propuestas sobre los cambios que se deben implementar en los artículos 230 y 232 del cuerpo normativo, referentes a los recursos de revisión, de rectificación y al silencio administrativo positivo.
Tras señalar que el Código Administrativo requiere varios ajustes y en consecuencia está de acuerdo con la decisión de la Comisión de Justicia de impulsar las reformas, dijo que la figura del silencio administrativo positivo es una forma de garantizar los derechos del usuario.
Reiteró que es importante fijar un esquema para que no se abuse del ciudadano. Explicó que el silencio administrativo positivo significa que si el Estado no atiende una petición en el plazo de 30 días se entiende que ha sido aprobada, en razón de que la sanción a la ineficiencia y sus consecuencias no se puede trasladar al usuario, aclaró.
Recurso de revisión
Informó que el Código Administrativo faculta al usuario a presentar un recurso extraordinario de revisión ante un presunto perjuicio cometido a través de un acto administrativo. No obstante, aclaró que para viabilizar este recurso se debe verificar alguna de estas circunstancias: cuando hay un evidente error de hecho, error de derecho; documentos que aparezcan con posterioridad al procedimiento administrativo, documentos nulos o falsos aportados al expediente y cuando un juez declara la existencia de un delito.
Señaló que el Código fija plazos solo en tres causales y se olvida de dos, error que se pretende superar a través de la reforma.
Fuente: Asamblea Nacional PV
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