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Previo a la definición del informe para segundo debate de las reformas al Código de la Función Judicial, la Comisión de Justicia prosiguió con la revisión del borrador del articulado, tomando en cuenta las observaciones formuladas por legisladores, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, entre otros. La implementación de unidades especiales para sancionar delitos de corrupción fue el tema de intensa discusión.
Justamente, los asambleístas Lourdes Cuesta, Kharla Chávez, Héctor Muñoz y Karla Cadena señalaron la necesidad de profundizar la discusión de crear juzgados anticorrupción, tomando en cuenta el impacto económico que eso generaría, más aún cuando el país atraviesa una severa crisis. Se pronunciaron, más bien, porque los jueces penales actuales entren en un proceso de especialización en delitos específicos, garantizando transparencia en las actuaciones.
No se puede legislar sobre temas coyunturales, precisaron. En esa línea, Elio Peña opinó que cambiar de membrete a una sala no es la solución, pues necesitamos jueces y fiscales con una actitud de verdadera decisión de combate a la corrupción, enfatizó.
Propuesta de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura, a través de Santiago Peñaherrera, expuso que la carga procesal que tendrían unas unidades especializadas en corrupción sería mínima, por lo que no se justificaría dicha creación para un solo ámbito. Sugirió que la unidad aborde la corrupción y crimen organizado, dado que son temas correlacionados y que van de la mano, además que la competencia en razón del territorio debe ser distrital y que se pueda activar un solo distrito con competencia nacional.
Al respecto, la asambleísta Rosa Orellana manifestó que la idea es innovadora, interesante y oportuna, de acuerdo a las circunstancias. Estas salas tratarían de forma especializada, adecuada y expedita este tipo de delitos, siempre que existan posibilidades de financiamiento, dijo.
El planteamiento de la Judicatura no tuvo eco en los comisionados.
Estadísticas
Ximena Peña, presidenta de la mesa, recordó que en primer debate se estableció, en base de la iniciativa del Ejecutivo, la creación de jueces especializados en delitos anticorrupción, tras solicitar al Consejo de la Judicatura remita la documentación de estadísticas sobre las cargas procesales en delitos de corrupción y violencia organizada, a fin de, con mayores elementos, tomar la decisión pertinente, en función del interés nacional.
Integración de la Corte de Justicia
El texto respecto a la Corte Nacional de Justicia no tuvo observaciones, el cual dispone que el organismo estará integrado por veintiún jueces, quienes se organizarán en salas especializadas. Serán designados previo concurso de oposición y méritos, con impugnación y control social dirigido por la Judicatura para un periodo de nueve años, garantizando paridad entre mujeres y hombres. No podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años.
Defensoría Pública
De igual manera, pasó lo relativo a que la Defensoría Pública es responsable del servicio de asistencia legal gratuita y patrocinio para las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos, recogiendo el espíritu de la Constitución.
El servicio lo prestará a través de defensores públicos asignados a una determinada circunscripción territorial, garantizando a las personas el pleno e igual acceso a la justicia y la promoción de la cultura de paz. Los Consultorios Jurídicos Gratuitos forman parte de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública.
Renuncia
Desde la Judicatura se planteó que en el término de 15 días se pueda resolver una renuncia irrevocable de un servidor judicial, homologando con el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público.
Alternativa
En cuanto a los de tribunales fijos o móviles, la mesa, en coordinación con la Judicatura, trabajará en una alternativa, que permitiría que los jueces sean fijos pero no permanentes.
La revisión de texto de reformas al Código de la Función Judicial continuará este viernes 31 de julio.
Fuente: Asamblea Nacional MG/cz
