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Augusto Nardes, ministro del Tribunal de Cuentas de Brasil, brindó aportes y sugerencias sobre el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado, en la sesión 120 de la Comisión de Justicia. En la reunión también participó Wilson Vallejo, docente de las universidades de las Américas y Andina Simón Bolívar.
El legislador José Serrano, presidente de la mesa, enfatizó que la propuesta, que se encamina a un cambio profundo de la institucionalidad y fortalecimiento de competencias para un eficiente control de los recursos públicos, en un marco de transparencia, se enriquecerá con la opinión de expertos y constitucionalistas.
Es fundamental analizar las debilidades, fortalezas y, lo que es más, la constitucionalidad del documento, dijo, al resaltar que el paso de una autoridad unipersonal a un órgano colegiado permitirá un manejo idóneo de los dineros del país, evitando discrecionalidades de una sola persona en cuanto a los procesos de auditoría y determinación de responsabilidades.
Experiencia de Brasil
Augusto Nardes explicó que Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil cuenta con nueve miembros, de los cuales seis provienen del Congreso (tres de la Cámara de Diputados y tres de la Cámara de Senadores), dos de la cartera técnica y uno de parte del Presidente de la República. Hay cerca de tres mil funcionarios públicos, de ellos 1700 son auditores, precisó, al mencionar que todo el equipo es técnico, sin ninguna vinculación política partidista.
Hay que tener una administración con transparencia y publicidad, a fin de inducir en el perfeccionamiento de la gestión, especialmente de riesgos y controles internos de la parte pública, que facilite la gobernanza y buenas prácticas. Por ello, es clave, el monitoreo, evaluación de desempeño, levantamiento de indicadores y el desarrollo de la prevención para evitar cualquier tipo de fraude, indicó.
Un tribunal, con fuerza constitucional, continuó, es más potente para la confrontación y fiscalización, pues trabaja con plena autonomía e independencia al momento de examinar las cuentas de la República.
Control de recursos
Mientras, el catedrático Wilson Vallejo, quien participó directamente en la elaboración del proyecto, destacó que busca afianzar el control de recursos y el debido proceso respecto de las atribuciones básicas de la Contraloría: realización de auditorías y determinación de responsabilidades.
Aseveró que la propuesta no cambia la estructura del Estado, ni altera las competencias actuales de la Contraloría, por lo que no se requiere de una reforma o enmienda constitucional, al señalar que Chile fusiona la Contraloría y el respectivo tribunal.
Los jueces en materia administrativa podrían llegar al Tribunal de Cuentas en base a la selección, mediante concursos de méritos y oposición que efectúe el Consejo de Participación Ciudadana, considerando los nombres que presente la Asamblea, Ejecutivo y otras instancias, sin afectar la norma constitucional.
Norma constitucional
Los parlamentarios Franklin Samaniego, Héctor Muñoz, Carlos Ortega y Henry Cucalón insistieron en profundizar la discusión del tema de designación que estaría a cargo del Ejecutivo y Legislativo para conformar el Tribunal de Cuentas, ya que eso no consta en las facultades que les otorga la Carta Magna. Precisaron que es una alternativa la selección de parte del Consejo de Participación, acogiendo también el dictamen de la Corte Constitucional.
Anticontrabando
En otro ámbito de la sesión, el asambleísta José Serrano anunció que la próxima semana se implementará un taller de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, para lo que se invitará a los actores públicos, privados, organizaciones sociales y ciudadanía.
Fuente: Asamblea Nacional MG/cz
