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COMISIÓN DE JUSTICIA Y AUTORIDADES ANALIZAN LEGALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DEL PREDIO SANTA CATALINA

Lunes, 12 de diciembre del 2022 - 12:41 Imprimir

Ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado compareció Carlos Padrón Romero, delegado de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (INMOBILIAR), con el fin de analizar el proceso de adjudicación y venta del bien inmueble conocido como Santa Catalina de Cutuglahua, ubicado en el cantón Mejía, provincia de Pichincha. Gustavo Manrique, ministro del Ambiente; y, César Córdova, defensor del Pueblo, quienes responderán sobre la presunta adjudicación y que, incluso, según la respectiva ordenanza Municipal, está declarada zona de bosque y vegetación protegida.

La asambleista Dina Farinango, vicepresidenta de la mesa legIslativa, tras resaltar la necesidad de defender los derechos de la naturaleza, advirtió la irresponsabilidad por parte de ciertas instituciones. Aseveró que el bien inmueble Santa Catalina se encuentra en una zona de bosque y vegetación protegida a un costo de 1.6 millones de dólares por las 209 hectáreas, es decir a un costo de 1.25 dólares por cada metro cuadrado, lo que genera sospechas de un proceso irregular que es investigado para evitar que se atropelle la ley y defender a los pobladores de la parroquia Uyumbicho.

El primero en comparecer fue Carlos Padrón Romero quien manifestó que el bien denominado Santa Catalina fue adjidicado, pero que no se cumple la transferencia de dominio por una prohibicion vigente.

Tras detallar los antecedentes previos a la subasta, manifestó que el proceso tiene el sustento técnico y legal para la enajenación o venta única. También informó las acciones de control sobre el proceso de subasta para determinar si se realizó en legal y debida forma, a la vez aseveró que no existe ninguna declaratoria que el sector constiuye zona instagible, reserva natural o área protegida.

La comisión recibió además un informe por escrito del ministro del Ambiente, Gustavo Manrique, en el que expone todos los detalles sobre el tema.

La legisladora Gissela Garzón recordó que a partir del año 2011 se dictó la ordenanza que asegura la conservación del predio, con base en los derechos de la nauraleza, sostuvo que existen incumplimientos en el proceso de adjudicación.

La información obtenida será remitida a la Comisión de Gobiernos Autónomos que inició un proceso de investigación sobre el tema.

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