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Con la presencia de los ministros de Energía y Ambiente, así como las autoridades de Petroecuador, Petroamazonas y del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), la Comisión de Biodiversidad analizó las medidas y acciones de mitigación y remediación que se implementó ante el derrame de petróleo y combustible en la Amazonía.
Este problema se produjo el 07 de abril por el hundimiento de tierra en la zona del río Coca, que colapsó las bases y las tuberías del SOTE y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), causando un derrame de aproximadamente 15 mil barriles de crudo, lo que generó contaminación y limitación en la dotación de agua potable en las poblaciones y comunidades de Orellana, Sucumbíos y Napo.
René Ortiz, ministro de Energía, anunció que el proceso de bombeo será gradual y que en un 75 % están avanzados los trabajos en el Sote, mediante pruebas físicas para determinar que el sistema de la variante funcione, luego viene la reactivación de la producción.
Frente a esta grave situación fortuita, ocasionada por la fuerza de la naturaleza, que causó la ruptura de tres oleoductos y poliductos, se hizo inmediatamente la declaratoria de fuerza mayor, a fin de evitar inconvenientes con los clientes, contratistas de producción y compañías operadoras. Además, a través de la Cancillería, se notificó al Perú respecto de posibles afectaciones en su territorio, precisó.
Juan Sebastián DeHowitt, ministro del Ambiente, indicó que, a la brevedad del caso, se convocó al Comité de Calidad Ambiental que definió planes y acciones de mitigación y reparación. En coordinación con Petroecuador, OCP y gobiernos autónomos descentralizados las tareas se enfocaron en garantizar la captación de agua segura y afectaciones en materia de salud humana, entre otros aspectos, dijo.
Pablo Flores, gerente de Petroecuador, indicó que el hundimiento de tierra alcanza 70 metros de profundidad y 200 metros de ancho, tras explicar que el plan de emergencia y contingencia técnica cuenta con el apoyo de Fuerzas Armadas, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Senagua, Ministerio del Ambiente y autoridades locales, y que para las acciones de intervención y remediación se contrató a tres empresas especializadas.
En tanto, Andrés Mendizábal, presidente Ejecutivo del OCP, destacó la entrega de bidones de agua y de kits alimenticios a cerca de cinco mil familias, asimismo la instalación de un puesto móvil de atención médica en los sectores de afectación, al reconocer que en febrero se registró un grave hundimiento en la cascada San Rafael.
Preocupaciones
El asambleísta Eddy Peñafiel insistió en la necesidad de que se suspendan actividades complementarias en la industria petrolera, más aún cuando se han detectado más de 10 casos positivos de coronavirus. En tanto, Fredy Alarcón exigió que se tome en cuenta mano de obra local en las obras de remediación.
Los legisladores Juan Cárdenas y Liliana Durán observaron cierta negligencia para prevenir este tipo de situaciones, luego de que en febrero se dio un hundimiento en la cascada de San Rafael. Se mostraron partidarios de trabajar con equipos de detección temprana, verificar el diseño de variantes y que las tuberías se mantengan en tierras firmes, en función de garantizar seguridad en las operaciones del crudo.
MG/cz
