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La Comisión de Biodiversidad hace seguimiento al decomiso de 26 toneladas de aletas de tiburón, realizado en China, supuestamente, provenientes de Ecuador. Para tener información de primera mano, recibió los criterios del ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño; comandante General de la Armada del Ecuador, contralmirante Darwin Jarrín; viceministro y subsecretario de Recursos Pesqueros, Andrés Arens y Bernardo Hidalgo, respectivamente.
La preocupación la expuso el asambleísta Juan Cárdenas, quien dijo que el primer medio de comunicación en publicar fue el hongkonés “South China Morning Post” que divulgó el descubrimiento de este contrabando de unas 38.500 aletas de tiburones, en dos contenedores procedentes de Ecuador. El legislador argumentó que la Ley de Acuicultura de Pesca prohíbe de forma expresa la pesca dirigida a tiburones y por tanto es punible, por lo que le extraña que recién las autoridades estén haciendo consultas. Hecho que afecta la imagen del país.
El ministro de Ambiente, al señalar que están pidiendo información sobre el tema, subrayó que en estricto cumplimiento del debido proceso y una vez que se efectúen las investigaciones, el Ministerio de Ambiente iniciará los correspondientes procedimientos adminsitrativos sancionatorios establecidos en el Código del Ambiente.
Previamente, dijo que el Ministerio del Ambiente debe autorizar la comercialización de determinadas especies marinas y basa su decisión en los documentos remitidos por el Ministerio de Comercio Exterior, a través de la subsecretaria de Recursos Pesqueros.
Por otra parte, el comandante General de la Armada del Ecuador, contralmirante Darwin Jarrín, mencionó que no han recibido ninguna denuncia sobre el tema. Manifestó su preocupación de que se siga dando estas actividades, que no son consecuentes con las políticas del Ministerio de Defensa y sobre de todo, de la Armada Nacional.
Dijo que la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, como autoridad marítima, y la Armada del Ecuador en su integralidad no tienen competencia legal para tomar acciones respecto al evento suscitado.
De su lado, Andrés Arens Hidalgo, viceministro de Pesca, informó que el caso estuvo declarado como exportación de pescado deshidratado. Expresó que las autoridades esperan la información de Hong Kong para examinar el caso a detalle. Dijo que a pesar de que podría ser un embarque extraño, no supera los volúmenes permitidos.
Explicó que en Ecuador sí existe la posibilidad de exportar aletas de tiburón, pero bajo estrictos controles que tienen que ver con cantidades y el dictamen de extracción no perjudicial. Aclaró que la misma se puede realizar solamente en tierra.
El subsecretario de Recursos Pesquero, Bernardo Hildago, tras manifestar que trabajan con personal especializado y permanente en el tema de pesca de tiburón, sostuvo que después del 6 de mayo que conocieron la noticia tomaron contacto con Cancillería y oficiaron a la Senae para que proporcione información sobre el tema.
Los legisladores se mostraron insatisfechos con la información proporcionada y conminaron a las autoridades entregar respuestas urgentes, directas, completas y diligentes, una vez que las tengan.
Por úlitmo, Alberto Zambrano, presidente de la Comisión, dijo que al parecer no se controló la situación, porque son muchas las toneladas que supuestamente se están fugando del país, lo que constituye un perjuicio al Estado ecuatoriano. Para esclarecer los hechos es necesario que las autoridades remitan información por escrito, señaló.
Reformas a la Ley de Galápagos
En otro orden, la ministra de Turismo, Rosi Padro de Holguín, compareción ante la Comisión para refirirse a las reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos. Sostuvo que las circunstancias actuales pone al país frente a un nuevo panorama para el mundo, por lo que hay que trabajar en metodologías innovadores para el turismo.
La ministra dijo que con el propósito de mitigar el impacto económico están trabajando en agenda de reactivación, sobre todo para Galápagos, enfocadas a implementar un desempeño turístico distinto, orientado a las nuevas necesidades del mercado y cumpliendo con las medidas de bioseguridad.
La Armada del Ecuador también presentó sus propuestas. El contralmirante Darwin Jarrín, planteó que la Armada sea considerada en la Ley; ser parte del Consejo de Galápagos; y, se considere la asignación económica del 5 % de los ingresos del Parque Nacional, para asuntos de operación de buques y aeronaves para el control de la reserva marina.
El asambleísta Freddy Alarcón expresó que el sector turístico podría ser uno de los que mayor tiempo demore en recuperarse económicamente y, con él, todas las áreas relacionadas, como hoteles, restaurantes, entre otros, por lo que solicitó información sobre líneas de crédito para afectados.
RSA/cz
