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La Comisión de Biodiversidad recibió a Daniela Oleas, ministra subrogante de Inclusión Económica y Social, quien señaló las acciones realizadas para impedir que se siga efectuando el cobro ilegal del Bono de Desarrollo Humano (BDH) por parte de ciudadanos que, sin ser los reales beneficiarios se apropian de esos recursos.
Indicó que, en la administración del ministro, Iván Granda, se tomaron precauciones para evitar que esto ocurra, una de ellas, explicó, es la asistencia técnica del Banco Mundial en lo que respecta a la seguridad financiera, así como la realización de un trabajo organizado con las instituciones financieras.
Sin embargo, informó en lo que va del año se han presentado más de 1739 denuncias administrativas sobre cobros con irregularidades del Bono de Desarrollo Humano, resaltó que esos expedientes han sido remitidos a la Fiscalía, quien se encarga de las investigaciones respectivas.
Pago Seguro
Para evitar las estafas la ministra subrogante indicó que ahora se trabaja en el proyecto de “Pago Seguro”, el cual es concebido como un proceso económico de inclusión financiera para el pago de bonos y pensiones en cuentas bancarias de usuarios MIES, con el objetivo de facilitar la transferencia de recursos.
Perjudicados
Por invitación del asambleísta Henry Moreno, ante la Comisión acudieron Daniel Dawua, de la nacionalidad Andoa, quien pidió justicia en la entrega del Bono de Desarrollo Humano a los adultos mayores de Pastaza, pues aseguró que se entregó el dinero a quienes no les pertenecía y a ellos se los dejó en la indefensión y sin recursos.
De su parte, José Nangua, abogado de los perjudicados, sostuvo que mucha gente no sale a cobrar cada mes porque no tiene manera de movilizarse y tampoco dinero para hacerlo, ahí es cuando se produce la estafa y la adulteración de identidad, apuntó. Al mismo tiempo, señaló que no se pueden vulnerar los derechos de las personas más pobres y menos en época de pandemia. Recalcó que la denuncia ante los órganos competentes se presentó hace aproximadamente dos meses y medio.
La ministra encargada se comprometió en dar seguimiento al caso de las 200 personas perjudicadas en Pastaza y solicitó que se entreguen los nombres y números de cédulas para conocer qué sucedió con los fondos que pertenecían a estas personas.
Aprobación resoluciones
En otra temática, con 10 votos a favor y por pedido del legislador Juan Pablo Velín, la Comisión decidió aprobar las comparecencias de Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas; René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica (CTEA); Julia Landázuri, secretaria Técnica de la CTEA; Pablo A. Flores, gerente General de EP Petroecuador; Verónica Artola Jarrín, gerente General del Banco Central del Ecuador; Andrés Bonilla Abril, presidente del Comaga; Yilda Rivera Cavagnar, presidenta del Conagopare Nacional, presidente del Conga, delegado del Conajupare (Amazónico) para que informen sobre el retraso con que se pagan las asignaciones del Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico así como la disminución en el monto de las mismas.
Por solicitud del asambleísta Xavier Casanova, la Comisión aprobó con 10 votos a favor la comparecencia de Raúl Delgado Orellana, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) para que en comisión general, como representante de los 221 municipios del país, exprese la postura, observaciones y propuestas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, respecto de las normativas que se prevén en el proyecto de reformas al Código Orgánico del Ambiente (COAM), así como de las previstas en favor de los animales de compañía y la regulación en el uso de plásticos.
Los comisionados también analizaron, en esta sesión, el articulado del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
SV/cz
