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Dirigentes de la Cooperativa de Minería Artesanal Cerro Rico de Zaruma, en la sesión 58 de la Comisión de Biodiversidad, pidieron que el Estado, a través de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), regularice la actividad de pequeños mineros y mineros artesanales en la zonas de Zaruma y Portovelo. Esto, en el marco de la definición del informe de segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería.
Simón Castro y Mirelis Tituaña, presidente del gremio y asesor jurídico, respectivamente, destacaron la necesidad de que la reforma garantice la regularización de la labor de este grupo poblacional, el cual ha sido constantemente maltratado. Hemos realizado fuertes inversiones en equipos, instalación e infraestructura, lo que significa deudas con el sistema financiero, pero hoy estamos paralizados y sin una respuesta clara, señalaron.
Destacaron que el titular del Parlamento, César Litardo, en días pasados, verificó in situ la situación del sector y que la legisladora Rosa Orellana, de El Oro, acogió esta inquietud. Requerimos contratos dignos e incluso estamos dispuestos a contribuir con el Estado, con el pago directo del 3 % de regalías, respetando la naturaleza, los ríos y quebradas, sostuvieron.
Compromiso
Los mineros artesanales son los que descubrieron los yacimientos, hace muchos años. Sin embargo, de a poco, han sido desplazados de los sitios de trabajo, coincidieron en manifestar los parlamentarios Freddy Alarcón, Liliana Durán y Absalón Campoverde. Es fundamental que se reconozca y respete oficialmente su labor, en igualdad de oportunidades que las grandes compañías nacionales e internacionales, así como las concecionarias.
Freddy Alarcón, encargado de conducir la reunión como vicepresidente de la mesa, anunció que se pedirá una información sobre la acción de la Comisión Ocasional que debía tratar la problemática minera en El Oro, según lo dispuso el Pleno de la Asamblea Nacional, el pasado 06 de febrero de 2020.
Resolución caso aletas de tiburón incautadas
En otro ámbito, el organismo conoció las comunicaciones enviadas por la Organización no Gubernamental “One Health”, que pide hacer seguimiento al caso de 26 toneladas de aletas de tiburón incautadas por las autoridades de Hong Kong, meses atrás, cuyo petitorio es respaldado por más de 40 organizaciones internacionales y ciudadanas del país.
Al respecto, la mesa aprobó una resolución, con nueve votos afirmativos, por medio de la cual se dispone las comparecencias, en los proximos días, de las principales autoridades de la Fiscalía General del Estado, Viceministerio de Acuacultura y del Ministerio del Ambiente. Los temas se refieren a la investigación de los delitos contra el ambiente; las correspondientes sanciones contra la flora y fauna silvestre; los reportes de pesca incidental y reportes de tiburones capturados (2013 – 2020), además, la entrega por escrito de la lista de embarcaciones atuneras registradas en el Ecuador por pesca incidental y tiburones capturados, entre otros puntos.
El legislador Juan Cárdenas comentó que el caso de aletas de tiburón se ha convertido en un gran negocio, sin importar que son especies en peligro de extinción. Señaló que es urgente enfrentar una actividad depredadora, haciendo respetar el patrimonio marítimo del país y la soberanía de la zona exclusiva.
MG/cz
