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En la Comisión de Biodiversidad, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, dijo que para la prevención y sanción de delitos complejos o que tienen que ver con la delincuencia organizada, es necesario establecer en el Código Integral Penal (COIP), un procedimiento diferenciado para el juzgamiento en ausencia, punto importante para evitar la impunidad en el país.
Además, indicó que hace falta el incremento presupuestario para lograr una mejor especialidad por tipo penal, fortalecer la cooperación interinstitucional para lograr operativos conjuntos y oportunos, a fin de tener una misma línea de acción entre el Ministerio del Ambiente, secretarías de Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), Policía Nacional, Fuerzas Armadas; así como alianzas de cooperación internacional con países fronterizos en ciencias especializadas en la persecución de esta clase de delitos ambientales.
Diana Salazar, informó que esta institución no cuenta con fiscalías especializadas para conocer delitos contra el medio ambiente y la biodiversidad. Precisó que son las unidades de Personas y Garantías las que conocen este tipo de delitos conforme lo determina el Código Integral Penal. Para mejorar los procesos de investigación de los delitos contra la biodiversidad y la naturaleza, especialmente en los delitos contra la fauna y flora silvestre, destacó la capacitación de 57 servidores de las fiscalías del Azuay, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
En lo referente a los delitos acuáticos y la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, señaló que 68 Fiscales de Esmeraldas, El Oro, Guayas, Galápagos, Manabí y Santa Elena; así como miembros de la Policía Nacional, Armada, Ministerio de Gobierno y Parque Nacional Galápagos, realizaron un curso, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre la Fiscalía y la organización Sea Shepher.
Sobre la investigación de delitos ambientales, la titular de la Fiscalía, señaló que la Dirección de Investigación Civil realizó un análisis de georreferenciación del delito mediante la herramienta tecnológica “Server” donde se identifica la ubicación geográfica de los presuntos delitos contra el ambiente y la naturaleza. Este mecanismo permite el levantamiento de información en espacios acuáticos y terrestres para conocer si el delito se ejecuta en zonas determinadas como reservas y genera así un análisis multitemporal mediante sistemas de información geográfica, cartografía delictual y procesal en línea que facilita en entendimiento de la dinámica del cometimiento de los delitos en el territorio.
Ante las inquietudes de los Comisionado, sobre la pesca ilegal en Galápagos, Diana Salazar, mencionó que la Fiscalía inició las indagaciones sobre posibles delitos contra la flora y fauna. En este marco, se han dispuestos varias diligencias, aseguró la autoridad. Se trata de un hecho delictivo que se ubica dentro del crimen organizado transnacional, que son complejas estructuras delictivas que se asocian para cometer este tipo de actos y para ello, necesariamente hay que recurrir a instancias a nivel internacional para solicitar información de los nombres de las personas que están detrás de estas estructuras para realizar la investigación, indicó.
De inmediato, los legisladores recibieron de manera virtual a Danny Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, quien en representación del Ministerio de Ambiente, explicó sobre la protección de los recursos marinos. Precisó que tienen regulación propia sobre las 40 millas de reserva marina. Este se efectúa con un registro pesquero en el cual se define en número de pescadores y embarcaciones que pueden hacer actividad pesquera en Galápagos, informó. Dijo que de las 366 embarcaciones, 250 están activas; de los 1.100 pescadores, participan 460, es decir, el 65% no ejerce la actividad pesquera.
Señaló que desde el 2018 hasta la fecha existen 136 embarcaciones pesqueras industriales con bandera ecuatoriana que han ingresado a la reserva marina de Galápagos que fueron detectadas por el sistema de control y vigilancia satelital, a quienes se les realiza procesos administrativos por incumplimiento de la Ley Especial de Galápagos.
Rueda planteó reformas al COIP a fin de sancionar por acciones u omisiones, en casos de pesca ilegal en el área de reserva marina, así mismo la necesidad de endurecer las penas por delitos ambientales que deberían ser imprescriptibles. Respecto al monitoreo realizado durante el presente año a la pesca ilegal, informó que cuentan con las embarcaciones y personal para el trabajo que se comparte con la Armada del Ecuador.
Al ser consultado sobre la ampliación de la reserva marina de Galápagos, precisó que la posición del Ministerio de Ambiente, depende del informe que levanta un equipo científico. Cuando contemos con el informe técnico completo, que podría estar listo antes del cierre de este año, tomaremos una decisión que podría enmarcarse en la definición de una nueva área marina protegida, explicó el delegado de la autoridad de Ambiente.
Manifestó que Ecuador se adhirió a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) donde se establece el marco jurídico de cooperación para proteger especies amenazadas en peligro de extinción.
En cambio, Bernardo Hidalgo, subsecretario de Acuacultura y Pesca, explicó que el Reglamento de la Ley de Desarrollo de Acuacultura y Pesca, se encuentra en proceso de elaboración con la ayuda de una consultoría y comité revisor del contenido. Adelantó que hasta finales de noviembre se realizará la socialización del documento con los actores involucrados y que en la tercera semana de diciembre se estaría entregando al Ejecutivo el documento borrador del reglamento.
Dijo que en el documento además se establecerán medidas ejemplificadoras tanto en las sanciones para la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en zonas no permitidas, así como, castigar de manera categórica la reincidencia cuando existen comercialización de pesca incidental no justificada.
Subrayó que en el caso de personas que están comercializando cualquier tipo de recursos de manera no justificada, producto de una pesca incidental, serán sancionados con lo máximo que determina la normativa, por tanto, en el Reglamento se trabaja para aplicar la reincidencia de este caso con la revocatoria del permiso otorgado por la autoridad pesquera.
Visitas a territorio
Los asambleístas Javier Casanova y Liliana Durán, conjuntamente con los representantes del Ministerio del Ambiente, serán los encargados de realizar la visita al cantón la Concordia, específicamente a los lugares de Santa Martha 2 y Agromache, para verificar las denuncias de los pobladores sobre la posible construcción del relleno sanitario, que estaría afectando a este poblado.
En otro orden, los parlamentarios establecieron un recorrido de verificación de los trabajos de remediación en los ríos Quijos, Coca y Napo, en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana por el derrame petrolero del 7 de abril de 2020. Para el efecto, se establecieron subcomisiones de legisladores para hacer el recorrido a estos lugares los días 19 y 20 de noviembre.
JLVN/ea
