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En la Comisión de Biodiversidad, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Gabriel Martínez, se comprometió con la ejecución y entrega de obras relacionadas con la vialidad de la Amazonía. Aseguró que se buscarán mayores recursos para garantizar el desarrollo de la zona, aún finalizado el período de gobierno. Enfatizó que, al momento, las obras se realizan con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Destacó que el mantenimiento por resultados del tramo la “Y” de Baeza – Narupa – Tena – Puente Huataraco cursa la etapa preparatoria, complementándose técnicamente el alcance de la intervención y el presupuesto referencial definitivo, lo que permitirá publicar el proceso de contratación e iniciar la obra en el primer trimestre de 2021.
Informó que el contrato de obra del tramo “Y” Baeza - Nueva Loja, se suscribió el 31 de diciembre de 2020 y en este mes de enero se suscribirá el contrato. Señaló que en esta clase de contratos se desarrollará y establecerá la propuesta técnica definitiva entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la contratista , fiscalización, previo al inicio de las obras.
Sobre la ampliación del aeropuerto deFrancisco de Orellana mencionó que se terminó su construcción; sin embargo, recibieron un reporte de problemas con las cubiertas por fallas de instalado, razón por la cual la contratista se comprometió a realizar los arregos necesarios y en este mes concluirán las obras.
De inmediato, Henry Mejía, alcalde del cantón Sucumbíos, afirmó que en la vía que une la zona con el Carchi se han realizado trabajos mínimos. Aseguró que desde el inicio de su funcionamiento, la vía ha sido mantenida únicamente por las municipalidades.
El asambleísta Edy Peñafiel criticó la falta de atención, especialmente, de las vías de Orellana. Informó las condiciones de los puentes de la muerte, zona en la que se han perdido muchas vidas y es la vía principal para la salida del petróleo al resto del país.
Minería aurífera
La Comisión de Biodiversidad, luego de escuchar a representantes de distintatas comunidades de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, así como el pronunciamiento del Ministro de Recursos Naturales no Renovables, con 8 votos, conformó una subcomisión integrada por los asambleístas Jorge Miño e Irina Torres, quienes realizarán una visita in situ al sector de El Chocó, para constatar la problemática que enfrentan varias comunidades producto de la actividad minera aurífera ilegal.
Además, los comisionados resolvieron citar al Ministro de Gobierno, a la Presidenta del Consejo de la Judicatura, al Ministro de Ambiente, al Ministro de Recursos Naturales no Renovables, para que informen sobre las acciones para dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas, en el año 2011, por el Juzgado Multicompetente del cantón San Lorenzo, a favor de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en procura de detener el daño que la minería está causando a la biodiversidad del bosque El Chocó.
En la sesión virrual de hoy, Santiago de la Cuz, presidente de la nacionalidad Chachi, afirmó que la actividad minera y su impacto ambiental repercute directamente en la cultura de las comunidades de Esmeraldas. Agregó que los ríos han sido contaminados, obligando a los habitantes a usar agua embotellada.
Mientras, Salvador Chirimia, presidente de la nacionalidad Épera, manifestó la necesidad de atención de las zonas afectadas por la actividad minera. Agregó que la contaminación, violencia y falta de recursos afecta de forma importante a las comunidades del norte del país.
Por su parte, Marlene Corozo, presidenta de la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas, formuló un llamado a la acción de la Asamblea Nacional, frente a la situación de abandono que viven. Dijo que la minería les afecta directamente, pues contamina las fuentes de agua, así como la vida de los habitantes del sector.
En su turno, Rene Ortiz, ministro de Recursos Naturales no Renovables, detalló la información relacionada con la actividad minera legal en Esmeraldas y las acciones ambientales para cotrarrestrar sus efectos. Dijo que la minería ilegal es un delito. Aclaró que no es su competencia la minería ilegal, por lo que les corresponde a otras instituciones tomar cartas en este asunto para dar solución a la problemática que enfrentan varias comunidades por la contaminación aurífera.
Precisó que existe una comisión especial para el control de la minería ilegal que está integrada por los ministerios de Gobierno, Defensa Nacional, Minería, Ambiente, Justicia; Derechos Humanos y Cultos, Agencia de regulación y Control Minero, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Secretaría de Inteligencia y Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador; por tanto, la mesa legislativa debería pedir información de cómo se está controlando la minería ilegal y las acciones para evitar la contaminación.
Dijo que el Ministerio a su cargo ha dado cumplimiento a las disposiciones dispuestas en acción constitucional y a través de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables continúa realizando controles, a fin de detener la minería ilegal que es la causante de la contaminación y afectación ambiental en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro.
El asambleísta Juan Cárdenas rechazó las declaraciones relacionadas con la responsabilidad de atención a la minería ilegal expresada por el Ministro de Recursos Naturales no Renovables, tomando en cuenta que la resolución del juez tiene carácter vinculante donde se establece que queda prohibida toda actividad minera, no dice legal o ilegal. Sin embargo, de la declaración de René Ortiz se desprende que se entregó 12 derechos mineros en San Lorenzo y 14 en Eloy Alfaro, como minería legal.
Cárdenas coindició en la necesidad de conformar una subcomisión que acuda a El Chocó de Esmeraldas para conocer cuál es la realidad de la zona. El asambleísta Absalón Campoverde afirmó que los actores de la minería considerada ilegal si están dispuestos a ejercer la actividad legalmente, pero aclaró que ello se imposibilita tomando en cuenta que el catastro minero ya está cerrado.
Nuevas comparecencias
La Comisión de Biodiversidad, con 8 votos afirmativos, resolvió convocar de forma virtual a Alex Hurtado y Julia Landázuri, presidente y secretaria de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; a Monserrat Creamer, ministra de Educación; a rebeca Castellanos, rectora de la Universidad Nacional de Educación (Unae) para que informen sobre el cumplimiento de los convenios institucionales del programa de profesionalización docente UNAE 2020, así como del estado del proyecto para la elaboración de planes de vida para los pueblos de la Amazonía, entre otros temas.
JLVN/cz
