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En la Comisión de Biodiversidad, el ministro de Gobierno y presidente de la Comisión Especial para Control de la Minería Ilegal (Cecmi), Patricio Pazmiño, señaló la necesidad de un trabajo coordinado con todas las instituciones relacionadas con la minería en el país. Dijo que el combate a la minería ilegal no solo requiere de acciones de seguridad, sino también de un nuevo marco normativo fuerte que permita realizar mayor control con acciones intregrales para debilitar la operación ilegal.
Pazmiño se pronunció, en el marco del control político que lleva adelante la mesa de Biodiversidad, respecto de la actividad minera ilegal en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro que afecta al medio ambiente del Bosque del Chocó, así como de las afectaciones en la salud sus pobladores.
El funcionario mencionó que la actividad minera ilegal en estos cantones se realiza en zonas de dificil acceso, lo cual dificulta las acciones de control por parte de las entidades competentes, además que el proceso de exploración por parte de empresas mineras ilegales cuenta con información privilegiada, además de la manipulación de trámites administrativos que comprende etapas de explotación, construcción y montaje, distribución y comercialización. Esto no solo se da en estos sectores sino a nivel nacional, agregó.
Señaló que la complejidad de la minería ilegal requiere de una actuación conjunta institucional en seis aspectos: identificación de coordenadas, planificación operativa, acto urgente, intervención integrada, evacuación y continuación del proceso de investigación.
Los comisionados también escucharon a Fredy Carrión, defensor del Pueblo, quien precisó que hay incumplimiento de las medidas cautelares, emitidas hace más de 9 años, en defensa de los derechos del medio ambiente, naturaleza y de los pobladores, razón por la cual la Defensoría del Pueblo presentó una acción de incumplimiento de la sentencia y actualmente se encuentra en la Corte Constitucional.
Indicó que el incumplimiento de la resolución judicial daría como resultado la destitución de las autoridades encargadas de su ejecución.
Igualmente, la Comisión recibió a Maria del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura y a Pedro Crespo, director jurídico de esa institución, quienes recordaron los mandatos consitucionales y disposiciones legales relacionados con las facultades para disponer las medidas cautelares por parte de los jueces. Crespo enfatizó que el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para intervenir en las actuaciones jurisdiccionales de los jueces y demás operadores de justicia.
Por su parte, el legislador Juan Cárdenas propuso se convoque al juez que emitió las medidas cautelares a favor de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, respecto a la mineria ilegal que afecta al Bosque del Chocó. Moción que recibió el apoyo de 10 votos.
En su turno, Jaime Benavides, de la Red de Organizaciones sociales del norte de Esmeraldas, exhortó a que se cumpla con las disposiciones legales. Mientras, Inés Morales, de la Comarca Afroecuatoriana del norte de Esmeraldas, destacó el informe de la Defensoría del Pueblo sobre los problemas que atraviesa la población del territorio fronterizo, especialmente 82 comunidades negras e indígenas.
Morales pidió a la Comisión crear una mesa interinstitucional para trabajar una hoja de ruta con las autoridades del Estado y la participación de todos los sectores afectados, para alcanzar la reparación del medio ambiente, así como de pueblos y nacionalidades.
Reformas Ley Minería
En otro orden, la Comisión de Biodiversidad resolvió recibir a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador para que entregue sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Minería que tramita la Comisión, en el marco de la elaboración del informe para segundo debate.
Sobre las reformas a la Ley de Minería, el equipo asesor señaló que existen tres proyectos que fueron unificados. Actualmente, se ordenan las observaciones que se recogieron en el primer debate en el Pleno, en octubre de 2020, y las que enviaron otros asambleístas por escrito. En los próximos días se presentará el texto para el análisis.
Los legisladores señalaron la necesidad de realizar un proceso de socialización amplio, democrático e inclusivo. Por tanto, decidieron convocar a todos los actores relacionados con el tema minero, en el marco de la participación ciudadana en la construcción de las leyes.
Consulta prelegislativa
Con 10 votos, la Comisión de Biodiversidad solicitará a la Unidad de Técnica Legislativa y al Departamento Jurídico de la Asamblea Nacional se pronuncie sobre la pertinencia de la realización de la consulta prelegislativa de la reforma a la Ley de Minería.
Contaminación petrolera
Finalmente, la mesa legislativa conoció el informe presentado por el asambleísta Fredy Alarcon, de recorrido de verificación y fiscalización in situ de los trabajos de limpieza y remediación de la contaminación producida, el 10 y 17 de noviembre de 2020, en los ríos Itaya, Napo y sus áreas de influencia en las provincias de Sucumbíos y Orellana, por la rotura de una tubería que transporta el crudo.
Alarcón recomendó se realice un muestreo del suelo para verificar la existencia de residuos de hidrocarburos, así como en la captación del agua potable para los moradores del sector. Recordó que el ministro de Ambiente, Paulo Proaño, indicó que ya se realizó el muestreo del agua, por tanto, solicitará que entregue los resultados del mismo para ser analizado en la mesa legislativa.
JLVN/cz
