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Por tercera ocasión, el ministro de Agricultura, Xavier Lazo, no acudió al llamado de la Comisión de Soberanía Alimentaria, por lo que los legisladores resolvieron trasladar a conocimiento de la mesa de Fiscalización esta actitud de irrespeto e incumplimiento, a fin que se tomen las acciones del caso, acorde a la norma constitucional.
La resolución la presentó el legislador Mauricio Proaño, quien explicó que el artículo 154 de la Constitución, numeral 2, dispone que, además de las atribuciones establecidas en la Ley, a los ministros les corresponde presentar ante la Asamblea Nacional los informes que les sean requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad, y comparecer cuando sean convocados o sometidos a enjuiciamiento político.
El Secretario de Estado fue citado para que presente una amplia información en torno de la problemática de tierras, especialmente en las parroquias de Aloasí y Aloag del cantón Mejía, donde se pretendería hacer una reversión de predios adjudicados legalmente a campesinos y fundaciones del sector, hace muchos años. Lazo, mediante comunicación escrita, se excusó aduciendo que debía cumplir actividades en territorio y delegó a dos funcionarios, lo que no tuvo la aceptación del organismo parlamentario.
Preocupación y malestar de organizaciones
Luci Venegas, representante de la Asociación de Productores Agropecuarios Rumipamba del cantón Mejía, aseveró que el Ministerio de Agricultura adjudicó a la organización la Hacienda Santa Isabel, en febrero 2015, para cuyo efecto lo inscribieron en el Registro de la Propiedad y sacaron las escrituras.
“Somos los legítimos dueños, más aún cuando, prácticamente, hemos trabajado la tierra en un 98 % y pagamos los respectivos impuestos, pero ahora aparecen tres supuestos dueños que no cuentan con ningún papel”, aseguró. No se puede entender que el Subsecretario de Tierras diga que no conoce del particular, pero su nombre conste en el documento de nulidad de escrituras, precisó.
Se requiere conocer qué intereses existen detrás de esta situación; no se toma en cuenta el esfuerzo de los campesinos y nos quieren dejar en la calle, por lo que iremos a instancias internacionales, indicó.
En la misma línea, Byron Pérez y Wilson Cunguan, de la Asociación El Tambo, de la parroquia Aloasí, cantón Mejía, mencionaron que hace 10 años consiguieron la adjudicación de parte del Ministerio de Agricultura de terrenos incautados al Banco de Préstamos y, en tal virtud, han cumplido, a cabalidad, con el correspondiente plan de manejo.
De pronto, el propio MAGAP, de manera inaudita y con mucha celeridad, admite un tramite de revisión administrativa formulado por la familia Peñafiel. Entonces, no se comprende que el Ministerio que nos entregó legalmente las tierras, hoy busque revertir dicha adjudicación, manifestaron.
Por su parte, Brian Rossi, de la Fundación Ética y Economía, sostuvo que el Ministerio de Agricultura les entregó en el 2017 unas tres hectáreas de la hacienda de propiedad del Ministerio de Defensa, localizada en la parroquia Aloag, cantón Mejía, para un proyecto de capacitación y centro agrícola en beneficio de personas de escasos recursos económicos. Afirmó que han desarrollado, en debida forma, el plan de manejo y pasado las auditorías de gestión.
El nuevo administrador de la hacienda ha solicitado al Ministerio de Defensa que pida la reversión de la adjudicación porque supuestamente es ilegal, ante lo que el MAGAP ha contestado que ese planteamiento es imposible de realizar, ya que hay un título de propiedad, pero estamos vigilantes y necesitamos todas las certezas del caso, expresó.
El parlamentario José Agualsaca consideró la necesidad de reconocer la lucha de las organizaciones sociales, de campesinos e indígenas para efectivizar la revolución agraria, en función de lo establecen los artículos 281 y 282 de la Constitución referidos a la soberanía alimentaria y al uso y acceso a la tierra. Solicitó que se haga un constante seguimiento a esta temática.
MG/cz
