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Representantes de colectivos de acuacultura y del sector pesquero artesanal demandaron la adopción de medidas efectivas de seguridad para el desempeño de las faenas marítimas, frente al constante acecho de organizaciones delictivas que atracan sus embarcaciones. Los ciudadanos fueron recibidos en comisión general por la mesa de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, que preside Lenin Plaza Castillo. De inmediato, las autoridades involucradas informaron sobre los resultados de sus acciones de protección en los espacios acuáticos.
José Antonio Camposano Cedeño, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, reveló que la inseguridad es permanente y, particularmente en zonas fluviales, puesto que el sector camaronero es uno de los más afectados, pese a que se trata de un segmento que en 2020, en plena pandemia, generó 3900 millones de dólares para el país. Añadió que solo quienes tienen presupuesto para protegerse pueden pagar guardianía y otras formas de cobertura, con una inversión anual de 60 millones de dólares, no así los pequeños productores. “No podemos enfrentar a bandas de delincuencia organizada”, sentenció.
De su lado, Mónica Mora, coordinadora de la Comisión de Seguridad de los gremios camaroneros de la provincia de El Oro, pidió se establezca un programa coordinado entre la Policía y la Armada del Ecuador para garantizar la seguridad marítima, pues lamentablemente no se cuenta con una Ley de Navegación y Seguridad Marítima, cuyo proyecto se tramita en la Asamblea.
Mientras, Gabriela Cruz y Mariana Benítez, de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec), coincidieron en que no han tenido respuesta de las autoridades responsables de la custodia de las actividades marítimas. ”Hemos llegado al extremo de pagar para evitar que seamos asaltados”, dijeron.
Entre tanto, Wilfrido Banchón y Alcides Solórzano, de la Cooperativa Madre Galilea, se mostraron contrarios a que sea la Armada la institución que brinde seguridad para las actividades pesqueras. Consideran que la Policía Nacional, a través de sus unidades especiales, podrían efectuar un mejor papel en la custodia del sector acuícola y pesquero artesanal.
Espeusi Valencia, del Colectivo Nacional de Cámaras, Redes y Uniones de Organizaciones Pesqueras Artesanales del Ecuador, subrayó que al momento no hay una entidad que ayude a desarrollar las actividades pesqueras con normalidad y con un margen de seguridad aceptable. Así mismo, para evitar el robo de motores, propuso que se cambie el tipo de embarcaciones, de manera que no se utilicen motores fuera de borda.
Acciones de control
Una vez concluidas las exposiciones de los representantes de los sectores acuícola y pesquero, Bernardo Hidalgo, viceministro de Acuacultura y Pesca; y Ricardo Perdomo Cañarte, subsecretario de Recursos Pesqueros del Ministerio de la Producción, explicaron las acciones de control desarrolladas a partir de la expedición de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, a fin de sancionar el ingreso ilegal de embarcaciones industriales a la zona exclusiva de las ocho millas para la pesca artesanal. Hasta el momento, se han suspendido por 180 días a 31 embarcaciones, con multas de hasta 80 mil dólares.
Explicaron que hay un promedio de 3000 informes sobre ingreso ilegal de barcos a la zona exclusiva, pero solo cuentan con cuatro abogados que llevan estos casos y, con respeto al debido proceso, así como el ejercicio del legítimo derecho a la defensa, son trámites susceptibles de acciones de protección y otras medidas previstas en la ley, los cuales inciden en la demora en la resolución.
Agregaron que realizan permanentes acciones de control en las ocho millas y, sobre todo, desarrollan reuniones en territorio con los pescadores artesanales, producto de las cuales han asumido importantes compromisos para el acompañamiento de las acciones de pesca.
Luego, antes del cierre de la sesión, Jaime Vela Erazo, director Nacional de Espacios Acuáticos, tras recordar que la seguridad en el mar es un derecho de quienes faenan en él y una responsabilidad de la Armada garantizar su pleno ejercicio, indicó que la protección de 1200 camaroneros en la provincia de El Oro tiene un costo aproximado de 14 millones de dólares. Aseguró que brindan seguridad a 1100 pescadores artesanales y a un total de 3882 embarcaciones en las ocho millas marinas.
Aseveró que han tenido resultados positivos con la aplicación de la estrategia ruta segura, iniciada en 2017, así como el desarrollo de mesas técnicas a través del Comité de Seguridad y el empleo del sistema ORCA para el control del uso de la gasolina para la pesca artesanal. Otro eje de acción es la implementación del zarpe online, concluyó.
Al tiempo de demandar acciones más concretas de las autoridades, la asambleísta Mercedes Serrano reiteró que las consultas a los personeros del Ministerio de la Producción y de las entidades vinculadas con el control marítimo no responden a un interés personal, sino a las múltiples inquietudes de las organizaciones pesqueras artesanales, que viven día a día el asalto a sus embarcaciones, con las correspondientes pérdidas para los pescadores y sus familias.
EG/cz
