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La reactivación de los comités de seguridad de la vida humana, liderados por los gobernadores en cada una de las provincias del país, permitirán, para el caso de las zonas costeras, la protección de las actividades marítimas, subrayó el ministro de Defensa Nacional, Fernando Donoso, en su comparecencia ante la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero.
En torno a las acciones efectuadas para garantizar la seguridad de las actividades marítimas, el Secretario de Estado indicó que se avanza en el diseño del Reglamento a la Ley Orgánica de Navegación, Gestión, Seguridad y Protección Marítima, considerando que el tema de seguridad debe ser entendido como un sistema articulado con varias instituciones para alcanzar el objetivo de controlar cualquier tipo de transgresión de la ley en aguas nacionales. Así mismo, dijo que se toman en cuenta protocolos y normas de carácter internacional en esta materia. “No podemos poner un guardacosta por cada pescador”, enfatizó, al referir que junto con la Ley de Navegación se requiere que la Asamblea trate a la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, porque un efectivo militar no puede usar su arma de dotación pese a ser testigo de una actividad delincuencial, porque enfrenta penas de entre 8 y 10 años por abatir a un delincuente.
Explicó que, hasta el momento, se han desarrollado dos auditorías a las instalaciones portuarias del país, de las nueve que están planificadas, con el propósito de establecer las condiciones en que se encuentran y las posibles intervenciones para mejorarlas, en caso de requerir algún tipo de fortalecimiento.
Finalmente, subrayó que la seguridad de las actividades marítimas requiere de un proceso de tecnificación, por ejemplo, de los mecanismos para la ubicación y georreferenciación de las embarcaciones.
Mariano Curicama, presidente de la Comisión, agradeció la información entregada por el ministro de Defensa, Fernando Donoso, así como por los comentarios y aportes formulados por los miembros de la mesa legislativa, a fin de evaluar las condiciones de seguridad que presenta el país, en cuanto a las actividades productivas en aguas territoriales.
EG/pv
