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El viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens Hidalgo, en su comparecencia ante la Comisión de Soberanía Alimentaria, solicitó que el organismo fortalezca la capacidad de control de la pesca ilegal, para lo cual sugirió que en la reforma a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura se mantenga el régimen sancionatorio vigente, puesto que permite evitar el daño que esta actividad ocasiona al ecosistema y la biodiversidad de los recursos marinos.
Arens recordó que la pesca ilegal, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), genera alrededor de 3.000 millones de dólares al año, a nivel mundial, y es la tercera actividad ilícita, solo después del narcotráfico y del tráfico de armamento.
Enfatizó que la posibilidad de aplicar más de una sanción frente a una infracción en las actividades de pesca permite, bajo el principio de proporcionalidad, defender los recursos pesqueros, en función del daño que la captura de peces fuera de la zona permitida causa al ecosistema. “Si se elimina esta facultad, la autoridad solo podría multar, por ejemplo, pero no incautar el producto ilegal; tampoco podría suspender las operaciones del infractor”, comentó.
Además, subrayó que con la ley vigente Ecuador está avanzando en la defensa de los recursos marinos. “Vamos por buen camino y esto nos permitirá mantener, al menos por los próximos 10 años, la repoblación de los recursos pesqueros, con el apoyo decidido de varios organismos internacionales”, agregó.
Mariano Curicama, presidente de la mesa legislativa agradeció el aporte del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en el análisis del proyecto de reformas a la Ley para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. “Todos los criterios serán tomados en cuenta para la elaboración del informe para segundo debate de esta normativa”, finalizó.
