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La presidenta de la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, Zobeida Gudiño, hizo un llamado a los miembros del organismo, representantes de organizaciones sociales y ciudadanía en general para que realicen aportes y observaciones para enriquecer el proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades, presentado por la asambleísta Alexandra Ocles y remitido por el Consejo de Administración Legislativa a la comisión para iniciar el trámite correspondiente.
De acuerdo con la proponente, las lenguas originales o ancestrales del Ecuador están en una situación de pérdida acelerada que en pocas décadas puede terminar con su transmisión y su existencia vital, como ha ocurrido en multitud de casos en el mundo.
En este marco, para proteger y desarrollar las lenguas plantea la necesidad no solo de oficializar las lenguas originales, sino también de impulsar una Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos que cree una Secretaría Nacional de Política Lingüística que haga efectivo el proceso de normalización lingüística de las lenguas ancestrales, a fin de evitar su extinción.
A decir de la legisladora Alexandra Ocles, el objeto del cuerpo legal es reconocer y garantizar los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades con tradición lingüística propia. Así, el Estado garantizará la protección, conocimiento, uso, rescate y vitalidad de las lenguas ancestrales.
La normativa se sustenta en los principios de interculturalidad, plurinacionalidad, identidad, autodeterminación, participación, igualdad, progresividad, pro ser humano, inclusión y no discriminación reconocidos en la Constitución de la República.
El proyecto impulsa programas y políticas públicas para implementar el uso de la lengua ancestral en el sistema educativo, en la administración pública y privada, en los medios de comunicación, entre otros espacios y plantea la creación de instituciones enfocadas en la investigación lingüística de las lenguas originarias para lograr su revitalización.
Así mismo, la norma plantea que la autoridad educativa nacional garantizace la oferta educativa en lengua ancestral, según los parámetros establecidos en el proyecto de ley, en un período no mayor a diez años. Por su parte, la autoridad nacional encargada de la salud pública garantizará la prestación de servicios con intérpretes acreditados en lenguas ancestrales en un período no mayor a cinco años.
