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La Comisión de Derechos Colectivos continuó el análisis del proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos de Pueblos y Nacionalidades. A la mesa acudieron Cristina González, subsecretaria de Desarrollo Normativo, del Ministerio de Justicia, y Cristian Pinos, asesor de la SENPLADES, quienes coincidieron que algunos derechos ya se encuentran regulados y que existe duplicidad de funciones en la institucionalidad que se crea.
En primera instancia, Cristina González explicó que el proyecto en su título se limita a garantizar los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, por lo que sugirió incluir en su contenido a las comunas y comunidades, tal como lo dispone el artículo 57 de la Constitución de la República.
También observó el objeto de proyecto. Dijo que éste reconoce y garantiza los derechos individuales y colectivos, cuando ya lo hace la Constitución. Por tanto, lo que esta ley debe buscar es el desarrollo de los derechos, el ejercicio y determinar los mecanismos de satisfacción y protección, añadió.
La subsecretaria encontró que algunos artículos relacionados con el uso de las propias lenguas en la justicia, en la prestación de servicios como la salud y educación y la promoción de pueblos a través de lenguas ancestrales ya se encuentran regulados en leyes vigentes como la de Salud, Educación Intercultural, de Comunicación y el Código Orgánico de la Función Judicial.
En cuanto a la institucionalidad se refirieron tanto González como Pinos. Este último insistió que la Secretaría Nacional de la Política Lingüística, el Consejo de la Política Lingüística, el Instituto Nacional de Lenguas Ancestrales y las Direcciones de Lenguas Ancestrales que se crean se cruzan con las funciones de entidades existentes, como los Ministerios de Educación y de Cultura.
Uno de los logros de este gobierno ha sido la reconfiguración de una institucionalidad que estaba desmantelada para la protección de derechos. Lo ideal sería revisar la que está creada para ver cómo se canalizan los objetivos que están planteados en esta ley, señaló el asesor de SENPLADES.
En tanto, González afirmó que existe concurrencia de competencias entre las instituciones que crea el proyecto.
