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La Comisión de Participación Ciudadana concluyó el análisis de los nudos críticos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tras escuchar los criterios jurídicos del constitucionalista Cristian Masapanta. El miércoles 12 de octubre, luego de recibir a la Asamblea Local de Quevedo, los asambleístas miembros a Comisión escucharon la explicación de Masapanta sobre el régimen sancionatorio gradual para los legisladores por exceso de inasistencias injustificadas a reuniones del Pleno, comisiones y Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El jurista explicó que el debate sobre las sanciones a los asambleístas que no cumplen con sus obligaciones girará sobre el fin constitucionalmente válido, la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad de norma. Existen métodos y técnicas de interpretación para determinar si una norma es o no constitucional. Las sanciones a los asambleístas que faltan reiteradamente puede considerarse idónea y necesaria porque sus obligaciones son constitucionales: técnicamente -explicó Masapanta- los principios y las causales están en la Constitución. La eficacia y la eficiencia de administración pública deben cumplirse constitucionalmente y las sanciones por faltas van en esa línea.
Además, la legitimidad de ejercicio es más importante que la de origen, argumentó. Por eso considera que la Ley de la Función Legislativa puede establecer sanciones. Los derechos de participación suponen mecanismos que los garantizan y la revocatoria de mandato es uno de ellos. “Puede haber sido el asambleísta más votado –sostuvo- pero si no acude a la Asamblea no legitima el poder que le otorgó el pueblo en las urnas”.
Recordó también que las sanciones no serían una novedad en la región: las legislaturas de Brasil, Chile y Colombia establecen sanciones de destitución a senadores y diputados que se ausentan de sus funciones.
