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La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, “La Comisión del Pueblo” éste 12 de julio del 2017, sesionó en doble jornada para analizar el articulado del Proyecto de Ley Código del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. En esta ocasión la silla vacía mecanismo de participación que la Comisión ha adoptado para que el ciudadano común tenga voz en la construcción de las leyes, fue ocupada por Manuel Chugchilán Presidente de la Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas del Ecuador FEINE, y por Luis Javier Aguavil Gobernador de la Etnia Tsáchila.
Héctor Yépez, presidente de la Comisión al iniciar el análisis del proyecto, manifestó que ésta es la oportunidad para plantear una reforma al sistema de participación ciudadana, que prohíba las vinculaciones políticas de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, de las Comisiones Ciudadanas de Selección, y de todos los funcionarios que el Consejo elige: Procurador General del Estado, Fiscal General del Estado, Superintendentes, Defensor del Pueblo, Defensor Público, miembros del Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura y Tribunal Contencioso. Por su parte los asambleístas Luis Pachala y Marcelo Simbaña coincidieron en la necesidad de establecer normas específicas para nombrar a las autoridades de control, garantizando su independencia.
Manuel Chugchilán representante de la FEINE, en su intervención manifestó desconocer el papel que desempeña el Consejo de Participación Ciudadana ante los hechos de corrupción que involucran a funcionarios de control nombrados por ese organismo, motivo por el cual pidió que se permita a los pueblos y nacionalidades practicar la justicia indígena en estos casos, como alternativa para terminar con la deshonestidad de ciertas autoridades.
En horas de la tarde se recibió en Comisión General a la asambleísta Johana Cedeño proponente del proyecto, quien explicó que el objetivo de su iniciativa es el de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, y que en ningún momento se pretendió restringir a las organizaciones, con la inclusión del decreto 16 (reformado 739), aduciendo un error técnico en el articulado del proyecto.
Finalmente y ante la explicación de Cedeño, el asambleísta Yépez mostró su satisfacción que exista un consenso para que no se replique en el proyecto de ley el decreto 16 y 739, insistiendo que en el informe que se prepara para primer debate, se garantizará el derecho a la asociación, sin que sea indispensable constituirse como persona jurídica, ni registrarte ante el Estado.
