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Quito, 3 de septiembre de 2018
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social invitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas Guerrero, para el miércoles 5 de septiembre, a las 10:00, a fin de que exponga el alcance y beneficios del proyecto de Ley de Recuperación de Capitales, a través del cual se propone el control social como uno de los mecanismos para propiciar la transparencia y lucha contra la corrupción, en todas las actividades y procesos que lleva la administración pública.
La Titular del Legislativo, en su proyecto, advierte que la corrupción en Ecuador alcanza niveles alarmantes. Para la recuperación de capitales se debe contar con una presencia ciudadana vigorosa en conjunto con el Estado y la cooperación internacional que permita conocer el recorrido y localización de estos recursos obtenidos a través de prácticas ilícitas e indeseables. Todas las acciones y regulaciones que se emitan con este propósito tendrán como beneficiarios directos las nuevas generaciones de nuestro país.
La propuesta permitirá obtener información e identificación de los sujetos de actos de corrupción y el juzgamiento de quienes hayan tenido la condición de servidores públicos o de personas naturales o jurídicas que igualmente han sido beneficiarios de estos negocios ilícitos e inescrupulosos.
La normativa será aplicable en los casos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y demás infracciones relacionadas con la administración pública, tanto para quienes han ejercido la potestad de servidores públicos, como para aquellos, que por su participación, han actuado como testaferros o han sido corresponsables de estos hechos.
Se precisa que la aplicación de la normativa estará a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, institución que articulará la creación de una veeduría y los equipos de seguimiento de fondos, necesarios para ejecutar la localización de recursos, así como para la suscripción de los acuerdos de recuperación y devolución voluntaria que sean del caso.
En este marco, se faculta a la ciudadanía debidamente acreditada ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que participe y colabore en el seguimiento, ubicación y denuncia de los fondos públicos que hayan sido malversados o desviados de manera ilegal.
A través del proyecto se establece que quienes se acojan a las disposiciones de manera voluntaria tendrán beneficios, con respecto al juzgamiento y aplicación de la pena que correspondería por los delitos que se eviten o que puedan ser descubiertos a través de la información brindada o por la devolución de bienes y recursos públicos.
Se precisa que las personas que sin haber tenido participación en hechos ilícitos, proporcionen información válida y exacta para su identificación serán beneficiarios de un incentivo, cuyo monto se lo determinará en el Reglamento de aplicación a la ley.
