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Sobre la base de las consideraciones jurídicas y el dictamen de la Corte Constitucional que determinó la constitucionalidad formal y material del Acuerdo, así como en función de las voluntades de los representantes de Ecuador y Colombia expresadas en la Asamblea Nacional, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana elaboró el informe que fue aprobado por el Pleno de la Legislatura.
El objetivo es fortalecer ejes de integración para el trabajo conjunto en asentamientos humanos en la Región Amazónica y Región del Litoral Pacífico, zonas expuestas a riesgos por su proximidad con los ríos San Miguel y Mataje.
La asambleísta Raisa Corral, ponente del informe y miembro de la Comisión, explicó que el acuerdo está pensado desde la necesidad de adoptar medidas relacionadas con la planificación de los asentamientos humanos, en aras de evitar escenarios caóticos que agraven la situación ambiental, social y de seguridad en la región.
