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Durante la sesión No. 078 de la Comisión se avocó conocimiento del Memorando Nro. AN-CSIS-2022-0159-M, de fecha 04 de marzo, suscrito por el asambleísta Ramiro Vladimir Narváez Garzón, como Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, mediante el cual hace referencia a la recomendación No. 17 contenida en el Informe de Investigación sobre la Crisis Carcelaria, en donde se indica que el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, en un plazo de 30 días y en el marco de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones del Comité y Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura, debería presentar un Proyecto de Ley que permita fortalecer y dotar de independencia y autonomía al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; a fin de cumplir con su misión y los objetivos de la mencionada Convención y sus Protocolos.
A lo cual, el presidente de la Comisión, asambleísta Juan Fernando Flores indicó que no corresponde al procedimiento parlamentario que debe seguir una comisión, por lo que, con 08 votos a favor se aprobó su moción, en la que se expresa que se devuelva el Proyecto a la Comisión y recomendó se remita a la Defensoría del Pueblo, a fin de que proceda con la elaboración del mencionado proyecto.
Dentro del segundo punto del orden del día, el equipo asesor expuso parte del articulado entorno a la vulnerabilidad económica como presupuesto para que se proceda la repatriación de restos mortales y también se consideren otros factores como el social y territorial, con mayor protección. Al respecto, el asambleísta Fernando Cedeño resaltó que muchos de los ecuatorianos no acuden a las delegaciones consulares de forma directa para realizar los trámites correspondientes y por lo tanto, la Cancillería como ente rector, no refleja la información real, así que sugiere que debería realizarse un análisis técnico en base a la demanda de los compatriotas para la repatriación.
Mientras que otros legisladores concluyeron en la la necesidad de modificar el articulado, en el que prevalezca el criterio desde la vulnerabilidad económica en función del contexto social y en función de aquello establecer protocolos que vayan acorde con la Ley y sean garantistas de los derechos humanos.
Finalmente, luego de entrar en debate respecto a las modificaciones sobre el doble feriado de funcionarios ecuatorianos del servicio exterior, correspondientes a los nacionales y al país de residencia; el asambleísta Ángel Maita, como proponente del tema, acoge las observaciones de los legisladores y del equipo asesor , con objeto de de retirarlo y mencionó que lo propondrá como parte de la reforma a la Ley Orgánica del Servicio Exterior; y, con 06 votos a favor se aprobó el articulado el Proyecto Reformatorio a la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
