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El miércoles 27 de abril del presente, se desarrolló la sesión No. 82 en la Universidad de los Hemisferios en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, misma que fue presidida por la asambleísta Marjorie Chávez, misma que fue encargada por el asambleísta Juan Fernando Flores como presidente, en coordinación con la vicepresidencia de la Comisión, asambleísta Jessica Castillo.
Alan Añazco, asesor Comisión, expuso el articulado resaltando las consideraciones para adecuar la normativa interna en marco de los derechos humanos que implique una tutela como obligación del Estado, basada en la realidad social y jurídica, con el objeto de prevenir los delitos y brindar asistencia y protección a las víctimas fundamentado en medidas normativas, al margen de la legislación penal con recomendaciones internacionales e instrumentos técnicos para mejorar el sistema.
Dentro de los aportes de la Comisión General, se propuso considerar la implementación de este tipo de leyes que permiten ampliar políticas públicas, puesto que la trata de personas es la violación más grave y debe contener toda la acción, protección y reparación; y que en su mayor parte, afecta a mujeres, por lo que se hizo un llamado para que la Ley pueda referirse a nuevas formas de captación, espacios de acogida para mujeres víctimas de trata que requieren apoyo diferente a víctimas de violencia de género. Igualmente, se realizaron consultas respecto a las acciones ejecutadas por parte del ente rector laboral para controlar los mercados laborales, así como la potestad que se podría otorgar a consulados para brindar apoyo; la vinculación con otras normativas.
Los legisladores precisaron que los espacios de socialización permiten que la Ley sea perfectible y permiten visibilizar los delitos que tienen connotación social y que existen y requieren de atención y acciones para erradicarlos; junto con el trabajo que ha realizado la Comisión que ha profundizado su interés en beneficio de los sectores que han sido involucrados. Respecto a los centros de acogida, se indicó que estos forman parte de la Ley, ya que permitirán exigir la creación de políticas públicas.
