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Durante la sesión N° 87 de la Comisión, se dio tratamiento al “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana”, en marco de la materia, se recibió la comparecencia del Asambleísta Juan Fernando Flores en calidad de ponente, a fin de explicar al Pleno de la Comisión el contenido del Proyecto de Ley. El legislador mencionó la sentencia de la Corte Constitucional que propone ajustar la actual Ley y dar cumplimiento a elementos correspondientes a naturalización, los derechos humanos y las garantías constitucionales expuestas por las autoridades migratorias. Resaltó la importancia de trabajar en una propuesta para adaptar la sentencia a la Ley, basándose en las garantías mínimas del debido proceso de la carta de naturalización, notificación y defensa, pues se tratan de procesos que no pueden dejarse sin protección ni de forma apátrida.
Igualmente, se recibió al Máster Alexander Barahona, Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien enfatizó en la coherencia jurisprudencial, el refugio y derecho al asilo, pues se busca establecer reparaciones en el debido proceso, correspondiente a las personas que se encuentra dentro de este trámite. Precisó en la necesidad de tener la noción de entablar un diálogo, la correcta notificación de los procesos migratorios, asistencia legal gratuita que merece toda persona que se encuentre dentro de este proceso; ya que no puede existir tratamientos generalizados, sino que se deben analizar por cada caso. Además, resaltó en las garantías que se deben enfocar en los niños, niñas y adolescentes, planteando políticas claras.
Por otro lado, Lilibeth Romero, asesora técnica de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), mencionó la importancia en los procesos y estándares de los derechos humanos e instrumentos internacionales, para lo cual es necesario atender el llamado a reformar en la sección específica en naturalización y afectación de personas en movilidad humana, por o que es necesario reparar los vacíos legales con medidas alternativas para un proceso de regularización, tomando en cuenta parámetros que no afecten la seguridad jurídica y vaya a la par con los plazos del debido proceso. Se indicó que la reforma busca subsanar vacíos en el procedimiento, que surgieron con el reglamento a la Ley emanado un año más tarde.
Al respecto, los legisladores consideraron que las reformas son necesarias, puesto que buscan garantizar el debido proceso sobre la naturalización y a su vez aprovechar la oportunidad para considerar los temas de deportación, conocer a profundidad lo detalles sobre las entrevistas para otorgar o negar la carta de naturalización, así como determinar los plazos para el cumplimiento de los procesos.
