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Durante la sesión No. 130, modalidad semipresencial se recibieron las comparecencias dentro del tratamiento del "Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008”.
En la intervención de Olga Nuñez, Subsecretaría de Presupuesto, delegada del Ministerio de Economía y Finanzas, indicó que el Proyecto de Ley si presenta un impacto en los recursos de Estado, pues mantiene un alcance amplio hacia las personas beneficiarias como reparación producto de investigaciones, además de un Proyecto que aborta temas relativos a la erogación de recursos, se recomienda que si se está creando un nuevo gasto se debería crear una fuente de financiamiento.
El Ab. Jorge Sosa, Coordinador General de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), precisó que la reforma no afecta el gasto público, ya que existen requisitos que debe cumplir la víctima, además de considerar los informes de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, todo esto luego de realizar el análisis con la Unidad de Ejecución Presupuestaria, pues no genera un impacto al gasto público, este puede generarse en un futuro, pero para ello se debe considerar los casos de nuevos beneficiarios, junto a un acuerdo preparatorio.
Finalmente, el Ab. André Benavides afirmó que el informe elaborado por la Comisión de la Verdad se encuentra inconcluso, por lo cual se debe considerar si la limitación sería solo para las víctimas que se encuentra en el mencionado informe. El Proyecto dependerá de la voluntad política de los legisladores. Considera que este no afecta a recursos del Estado, pues no necesariamente se requiere de una reparación material, sino que esta puede ser inmaterial. No se podría deducir el monto total a las finanzas públicas, por lo que no se tendría vicio al procedimiento.
En razón de concluir con el debido análisis y tratamiento del Proyecto de Ley, la asambleísta Jessica Castillo, presentó la moción referente a la solicitud de una prórroga de hasta 90 días como indica la Ley, argumentando la necesidad de conocer a fondo la vulneración de derechos y la implicación en el gasto público presente en el Proyecto de Ley, misma que se aprobó con 06 votos positivos.
