Oficina:
Sígueme en
Contáctame 
Se recibió la comparencia de la abogada Katherine Herrera, Presidenta del “Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección de Victimas”; con la finalidad que explique al Pleno de la Comisión la implementación, ejecución, monitoreo, control, seguimiento y evaluación de la política pública de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, de conformidad a la Ley Orgánica de Movilidad Humana realizado por el Comité.
Hizo énfasis a los 4 ejes de trabajo: prevención, investigación, protección a víctimas, gobernanza y cooperación, implementados por el Comité interinstitucional, a fin de combatir estos delitos, junto con el apoyo de organismos internacionales y sociedad civil. Mismos que van de la mano del trabajo implementado por los agentes de control migratorio y la iniciativa para informar a la ciudadanía acerca de esta problemática, con capacitaciones y campañas educativas para visibilizar estos delitos a la ciudadanía, junto con recorridos en territorio y en unidades educativas, con el propósito de capacitar a la población y evitar se conviertan en víctimas de estos delitos, especialmente con niñas, niños y adolescentes, con actividades didácticas.
Katherine Herrera se refirió al propósito de capacitar a la población y evitar se conviertan en víctimas de estos delitos, especialmente con niñas, niños y adolescentes, con actividades didácticas, así como la implementación del Plan de fortalecimiento de las unidades especializadas de investigación e inteligencia en tráfico ilícito de migrantes, mismo tiene razón de ser, ya que son delitos que afectan la seguridad del Estado.
En concordancia, se realizó la entrega formal de la Guía de Atención a Víctimas y posibles víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, como parte de las estrategias y articulación en casos de víctimas de estos delitos.
En este sentido, los legisladores Raisa Corral, Ángel Maita, Mónica Palacios y Marjorie Chávez, expusieron sus inquietudes respecto a la judicialización y acompañamiento, junto con la comunicación hacia la sociedad para combatir delitos; el procedimiento de ejecución de los protocolos de asistencia y su ejecución en ciudadanos nacionales y extranjeros que residen en Ecuador; el protocolo a seguir cuando se trata de mujeres traficadas, ecuatorianas que se encuentran en exterior y desean ser repatriadas; y, la necesidad de incorporar una reforma en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), endureciendo las penas, a fin de ocuparse del delito de extorsión que actualmente se ha fortalecido en la sociedad ecuatoriana.
