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En una nueva sesión híbrida de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, se abordó con detenimiento el "Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana (unificado)". En esta ocasión, tuvimos el privilegio de contar con la valiosa comparecencia de Álvaro Román, Presidente del Consejo de la Judicatura, o su representante, quien compartió sus valiosos aportes y perspectivas sobre este crucial proyecto de reformas.
Alexander Barahona, en representación del Presidente del Consejo de la Judicatura, presentó ante la Comisión los aportes y criterios al proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. En su intervención, destacó la importancia de garantizar los derechos de los migrantes ecuatorianos, señalando que el proyecto propuesto brinda un marco sólido para ello.
Uno de los puntos clave abordados por Barahona fue el relacionado con las prestaciones de servicios a través de medios telemáticos para los migrantes ecuatorianos. En este sentido, planteó la necesidad de clarificar si estos servicios serán gratuitos y subrayó la importancia de considerar el presupuesto necesario para su implementación. Además, tocó el tema de la posibilidad de otorgar carnés de discapacidad mediante telemedicina, cuestionando el proceso para obtenerlos y la suficiencia de entrevistas telemáticas para este propósito.
En cuanto al tema de mediación, Barahona sugirió que el Consejo de la Judicatura ejerza un control sobre los mediadores ecuatorianos en el exterior, proponiendo la inclusión de una disposición transitoria que establezca un registro oficial de mediadores. Esta medida, según él, facilitaría el apoyo jurídico desde Ecuador para resolver posibles conflictos.
Otro punto crítico mencionado fue la posibilidad de que menores de 16 años realicen negocios jurídicos en el exterior por montos menores a 10 mil dólares sin intervención de sus representantes legales. Barahona expresó su preocupación ante la falta de parámetros de control que puedan prevenir posibles abusos por parte de terceros que busquen aprovecharse de la situación de los menores.
En un enfoque más amplio, Barahona destacó que el proyecto reconoce a las personas en movilidad como agentes potenciales para dinamizar la economía del país, contraponiéndose así a la visión restrictiva de algunas entidades crediticias. Subrayó la importancia de apoyar y brindar flexibilidad a los migrantes retornados como una inversión en su futuro y en el desarrollo económico en general.
La asambleísta Carla Cruz también aportó a la sesión al referirse al estado de las personas en movilidad que se encuentran en las fronteras. En su intervención, solicitó al funcionario capacitar a los jueces y servidores judiciales para que atiendan adecuadamente las necesidades de nuestros migrantes que enfrentan situaciones vulnerables.
En respuesta, Barahona mencionó las primeras atenciones que se brindan en embajadas y consulados, comprometiéndose a organizar capacitaciones junto a la Defensoría Pública para mejorar la atención a los grupos en condición de movilidad humana.
