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La Comisión del Derecho a la Salud conoció el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención de la Adicción a las Drogas y Rehabilitación Social de las Personas Adictas, por la cual propone desarrollar programas de información, prevención y control del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como el tratamiento y rehabilitación a los consumidores.
La propuesta de Ley es iniciativa de la asambleísta Mayra Montaño y plantea que el Ministerio de Educación tenga la obligación de incluir en el pensum académico de las instituciones de Educación General Básica y Bachillerato, una materia orientada a la prevención del consumo de drogas, que provea de información suficiente a los estudiantes sobre las consecuencias dañinas para el organismo, la psiquis y la sociedad, el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Asimismo, aprovechando la infraestructura hospitalaria, propone que el Ministerio de Salud, implemente centros médicos de internamiento para la rehabilitación gratuita de menores, jóvenes y adultos con adicciones a las drogas, en las ciudades donde los niveles de drogadicción así lo ameriten, con un número de camas acorde a la demanda de cada circunscripción.
Prevé que, en el marco de la Red Nacional de Centros de Tratamiento de Adicciones, el Ministerio de Salud Pública, conforme a las necesidades de cada provincia o ciudad, podrá suscribir convenios de alianzas público privadas con los centros privados de tratamiento de adicciones, a efectos de que los servicios de tratamiento que estos prestan, tengan el carácter de gratuitos, mismos que podrán ser revocados de conformidad con las condiciones estipuladas en los mismos.
La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología -SENESCYT- coordinará con el Consejo de Educación Superior -CES- las acciones que fueren necesarias para que los estudiantes de psicología clínica y medicina, previo a su graduación, realicen un año de prácticas pre profesionales en los centros y clínicas de rehabilitación públicas y en las privadas inmersas en la Red Nacional de Centros de Tratamientos de Adicciones.
De esta manera, se reformarían las leyes de Educación Intercultural, de Educación Superior y la Ley Orgánica de Salud.
Montaño argumenta que la inobservancia del precepto constitucional – Art. 364- relacionado con las adicciones son un problema de salud pública. La falta de programas coordinados de información, prevención y control del consumo de drogas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos, ha incrementado el número de adictos, cuya información estadística lamentablemente no existe en el país, presumiéndose que el número se lo contabiliza por miles.
Ángel Sinmaleza indicó que el Estado tiene que asumir con responsabilidad el seguimiento y tratamiento de adicciones. Desde la realidad de la provincia de Bolívar, la cual representa, afirmó que no tienen un centro de atención para personas de consumo de alcohol y drogas.
A decir del presidente de la Comisión de la Salud, William Garzón, el tema será analizado para considerar la posibilidad de que se incluya dentro del tratamiento del Código Orgánico de la Salud y aclaró que en el Código se analiza específicamente el uso terapéutico del canabis
RSA
