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Comisión del Desarrollo Económico ampliará el análisis del veto parcial al proyecto de Ley para el Fomento Productivo, en función de nueva información que le remitirá la Secretaría General del Parlamento.
La mesa tenía previsto votar hoy, 26 de julio, el informe no vinculante, pero prefirió no adoptar una posición, mientras no disponga de toda la información. En todo caso, el presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, indicó que se encuentran dentro de los plazos legales para el tratamiento de este proyecto urgente.
El veto del Ejecutivo llegó al Parlamento el pasado miércoles 18 de julio y a partir de ese día tiene 30 días de plazo para resolver la objeción, es decir, hasta el 17 de agosto. Si la Asamblea no se pronuncia por la ratificación de su texto o el allanamiento de la observación del Ejecutivo se entenderá que acoge el criterio del colegislador, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La idea desde el inicio ha sido tramitar lo más rápido posible, subrayó Albornoz, quien podría convocar a los parlamentarios para el lunes o martes de la próxima semana, a fin de aprobar el informe. De ser así, el análisis y votación en el Pleno sería el jueves, 2 de agosto.
En el informe que prepara la mesa parlamentaria hay acuerdos sobre la mayoría de los artículos objetados, confirmó Albornoz, mientras que Patricio Donoso especificó cuáles son las coincidencias alcanzadas: se allanarán a un 83% del texto, se ratificarán en un 7% y el tema de las reglas macrofiscales se dejará para que cada bloque argumente y vote a su mejor criterio.
Nuevo allanamiento
Representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess) acudieron a la Comisión para pedir que se allane en una parte del artículo 17, relacionado con el cobro de honorarios por parte de abogados externos en los procesos de coactivas.
Antes de tomar una resolución, los parlamentarios cuestionaron la forma de actuar del Iess, “que vengan a puertas de que se apruebe el informe, cuando tuvieron mucho tiempo para hacerlo”, dijo César Rohón, mientras Fernando Burbano señaló que le preocupa la irresponsabilidad de esta entidad, que es análoga a otras formas de actuar el Instituto: “a última hora, negligente”.
Al final, seis legisladores apoyaron el allanamiento y cuatro la ratificación. Se trata de la sección en la que hace referencia a la reducción de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora con el Iess, en cuanto a los procesos coactivos.
La aclaración que hace el Ejecutivo se refiere al pago de honorarios a abogados externos por estos procesos. Indica que se debe determinar que se pagará con normalidad los honorarios en todas la obligaciones canceladas hasta el 2 de abril del 2018 y que no se generarán con posterioridad a esta fecha y hasta que se cumplan los plazos de la remisión. En ese artículo se señala que para la reducción no se requerirá trámite judicial alguno.
Tambień acudió la asambleísta Rosa Orellana para pedir que la Asamblea se ratifique en el numeral a) del artículo 2, a fin de que los contribuyentes que quieran acceder a la remisión y que pertenezcan a un sector productivo afectados o que hubieren generado pérdidas en los dos últimos ejercicios fiscales se les extienda el plazo, más de 90 días, para que puedan pagar el capital y beneficiarse de esta medida.
LILA/pv
