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El estudio de un segundo paquete reformas a la Ley de Aviación Civil avanza en la Comisión de Desarrollo Económico, que preside Esteban Albornoz, quien considera que el informe para primer debate estaría listo a mediados de septiembre para conocimiento del Pleno.
Tras recordar que ya se aprobó un primer grupo de reformas, explicó que este nuevo proceso de modificaciones tiene que ver con la seguridad, los estándares internacionales, el control de los vuelos charter y los nuevos procesos que tiene que llevar adelante la Junta Investigadora de Accidentes (JIA).
La segunda reforma se enfoca en mejorar el servicio a los clientes sobre todo en vuelos que no son regulares o continuos como los charter, porque existe mucha irregularidad, debido a la cancelación de los vuelos y los afectados no tienen una autoridad a quien presentar sus quejas.
Se han incluido seis artículos que permiten al usuario de las líneas aéreas reclamar en caso de no contar con un excelente servicio. Las empresas que efectúan vuelos charter deben dar las garantías necesarias a los usuarios para que no sucedan estos problemas, manifestó el titular de la comisión.
Las reformas fueron consensuadas con la Junta Investigadora de Accidentes, personeros de la Dirección de Aviación Civil y funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Participaron corporaciones privadas que manejan las flotas de aviones, quienes dieron sugerencias y apoyaron en el tratamiento técnico de las mismas
El marco legal en proceso de modificación busca solucionar un problema que tiene que ver con los accidentes aéreos. En este aspecto interviene la Junta Investigadora de Accidentes (JIA), entidad que en su momento, por diversos problemas, no emitió los informes de siniestros en forma oportuna y en los plazos respectivos, factor que generaba un problema de seguridad para el país, para las entidades aeronáuticas responsables y para la gente afectada.
A criterio de Albornoz, la JIA debe tener plena libertad y autonomía financiera para cumplir sus objetivos e investigar con transparencia. Eso se consigue con la dotación de los recursos económicos suficientes, técnicos y personal calificado para cumplir las indagaciones necesarias y llegar a conclusiones con precisión, rapidez y certeza sobre las causas de un accidente o un incidente aéreo, afirmó.
Se aprovechó esta reforma para armonizar la legislación nacional con la normativa internacional e incorporar ajustes a las cláusulas nacionales. Por ser un país signatario de las normas internacionales de aeronavegación se buscó acoplarla a esos estándares, resaltó.
La infraestructura aérea debe ser utilizada adecuadamente para promover turismo, productividad, actividad económica, exportar productos y sensibilizar los costos de producción cercanos a estos aeropuertos regionales y nacionales, manifestó Albornoz.
RD/pv
