Augusto Espinosa ve en la institucionalidad un problema para enfrentar casos de abuso sexual

Augusto Espinosa ve en la institucionalidad un problema para enfrentar casos de abuso sexual

Augusto Espinosa ve en la institucionalidad un problema para enfrentar casos de abuso sexual

La comparecencia de los exministros de educación, Augusto Espinoza y Freddy Peñafiel, a la Comisión Ocasional Aampetra arrojó algunas conclusiones. Los exfuncionarios y la presidenta de la mesa, Silvia Salgado, coincidieron en la necesidad de reformar leyes para fortalecer la institucionalidad. Consideran que para enfrentar el problema de la violencia sexual en escuelas y colegios debe haber una articulación entre las diferentes entidades.

Espinosa aseguró que no hay un espacio para relacionar o discutir estos temas y que por eso recurren a la suscripción de convenios interinstitucionales. Dijo que lo hizo en su administración y que también la actual lo hace. De ahí que planteó un reto a la Asamblea:  reformar leyes “para que nunca más tengamos que suscribir convenios y poder actuar sobre estos delitos, cuando ya cada uno debería ejercer su competencia”.

Pero los cambios en la legislación deben también apuntar a perfeccionar procesos. “Se reconocen algunas falencias en cuanto a operativizar algunos protocolos y ciertas acciones  administrativas, así como ciertas trabas en cuanto a procesos de sumarios administrativos”, anotó Salgado.

Se refería a algunas explicaciones que hizo Espinosa, por ejemplo, en cuanto a los requisitos para ingresar a las instituciones educativas privadas. Manifestó que en Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), establece que este personal se integren en función de los estatutos que fijen estas entidades. “Ahí hay falencia de la Ley”, dijo.

Pero, aseguró que, como consecuencia del caso Aampetra, que fue en 2011, en el reglamento de la norma se determinó que autoridades y docentes deberán cumplir los mismos requisitos que en los planteles públicos.

Precisamente, la selección de la planta docentes y directivos, como una medida de prevención frente a estos delitos, fue uno de los puntos que defendió Espinosa. Señaló que para ser parte del Magisterio debían pasar por un proceso de elegibilidad y luego entrar a un concurso de méritos y oposición. En la primera se hacía una evaluación psicosométrica y de conocimientos. Estos procesos también eran parte del concurso para ser directivo, dijo.

Como parte de la fase de prevención, evaluó, además, el número de docentes con nombramiento obtenido mediante concurso, se elevó la cifra de directivos con nombramiento y se estructuró el departamento de consejería estudiantil. Dichas dependencias se encuentran en un 1768 instituciones, con 4 mil 110 profesionales  y 2 mil 132 partidas creadas, que cubre el 52 %.

Su sucesor, Freddy Peñafiel, también dio cifras de estas vinculaciones y se refirió a otros programas y campañas, que vinculaban a los padres y madres, así como a la necesidad de incrementar el presupuesto para atender eficazmente el Sistema Integral de Protección, que implementó el Ministerio.

A través de este Sistema, la Cartera de Estado buscaba que impere una convivencia armónica y una cultura de paz. Para ello se generaron acciones de prevención, como las mencionadas y otras para la reacción, con el propósito de dar una respuesta inmediata y efectiva, aquí entraron a funcionar algunos protocolos. Por último, se plantearon medidas de reparación “para remediar, en la medida de los posible, los daños causados”, agregó Espinosa.

En este último caso, acotó que se estructuraron juntas de remediación de conflictos para atender procesos administrativos, monitorear los casos judicializados y atender, con consejeros, a las víctimas.

Que no hay resultados de los impactos de las campañas implementadas, retroalimentación de datos entre las diferentes instituciones y falta de institucionalidad, fueron los temas que preocuparon a los asambleístas que pertenecen a la Comisión Aampetra.

Más comparecencias

Silvia Salgado anunció que para la próxima semana se reprogramará la comparecencia del fiscal, Carlos Baca, y del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, que estaban previstas para esta semana, pero que fueron suspendidas para dar prioridad a los diálogos con los familiares de las víctimas.

En cuanto al actual ministro de educación, Fánder Falconí, recordó que ya acudió a la Comisión, pero dijo que será llamado las veces que sean necesarias.

Esto en respuesta al pedido que hizo el Consejo de Administración Legislativa para que estos funcionarios respondan sobre las acciones realizadas para prevenir y enfrentar el problema de violencia sexual en unidades educativas del país.

LILA/mv